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Misiones creó un régimen de inversiones con exenciones impositivas de hasta el 100%

La Ley VII – Nº 114 establece beneficios sobre cuatro impuestos provinciales para atraer capitales, impulsar la producción y generar empleo. El acceso dependerá del impacto económico de cada proyecto, que será evaluado según la creación de puestos de trabajo, la contratación de proveedores locales y la incorporación de tecnología, entre otros criterios.

Misiones puso en marcha el Régimen Misionero Complementario de Inversiones Estratégicas, denominado Invertí Misiones, una herramienta que busca incentivar la inversión privada mediante exenciones y bonificaciones impositivas de hasta el 100%. La iniciativa alcanza a nuevos emprendimientos y empresas que busquen ampliar, modernizar o reconvertir sus actividades productivas en la provincia.

El gobernador Hugo Passalacqua promulgó la Ley VII – Nº 114 mediante el Decreto Nº 2313, firmado el 17 de noviembre. La Cámara de Representantes había sancionado la normativa el 29 de octubre, con el objetivo de sumar incentivos provinciales para atraer capitales y fortalecer las cadenas productivas.

El régimen contempla beneficios para personas humanas y jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyos proyectos se desarrollen en territorio misionero y acrediten inversiones reales e incrementales. Sin embargo, las ventajas fiscales no serán automáticas: cada propuesta deberá atravesar una evaluación técnica que determinará el alcance y la duración de los incentivos.

Cuatro impuestos alcanzados por los beneficios

Uno de los principales aspectos de Invertí Misiones es la posibilidad de obtener exenciones o bonificaciones de hasta el 100% sobre cuatro tributos provinciales. Se trata de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos y el Impuesto Provincial al Automotor.

Los beneficios se aplicarán según las características de cada inversión. Por ejemplo, en Ingresos Brutos alcanzarán a la actividad económica promovida; en el caso del Inmobiliario, a los inmuebles afectados directamente al proyecto. También podrán comprender contratos y operaciones vinculados con la inversión, además de vehículos y maquinarias destinados al emprendimiento.

La normativa no establece un porcentaje uniforme ni un plazo general de exención. Esos parámetros dependerán de la evaluación de cada propuesta y de las condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, designado como autoridad de aplicación.

A su vez, la ley contempla estabilidad para los beneficios tributarios provinciales expresamente otorgados durante el período de aprobación, siempre que las empresas cumplan los compromisos asumidos.

Industria, agroindustria, forestoindustria y turismo, entre los sectores prioritarios

La iniciativa establece siete grandes áreas estratégicas para orientar las inversiones privadas. Entre ellas se encuentran las energías renovables y la transición energética; la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico; el turismo, la infraestructura y la conectividad; la industria manufacturera; la agroindustria y la forestoindustria; y la logística vinculada a la producción.

También podrán incorporarse otras actividades que la autoridad de aplicación considere relevantes por su impacto económico, social, territorial o ambiental.

La inclusión de la agroindustria y la forestoindustria resulta particularmente relevante para Misiones, donde buena parte de la actividad económica está vinculada con las economías regionales. En ese sentido, el régimen podría incentivar proyectos de industrialización, incorporación de maquinaria, modernización tecnológica y ampliación de la capacidad productiva.

Desde el turismo, los beneficios apuntarán especialmente a inversiones en infraestructura, conectividad y nuevos servicios. En contrapartida, la ley excluye expresamente los emprendimientos de finalidad meramente especulativa, financiera o inmobiliaria que no estén directamente relacionados con una actividad productiva.

El empleo local y los proveedores misioneros tendrán un rol central

Una de las particularidades del nuevo sistema es la incorporación del Indicador Ponderado de Impacto Misionero (IPIM), una herramienta que permitirá clasificar los proyectos según su aporte al desarrollo provincial.

El mecanismo evaluará cinco componentes: generación de empleo local y formación de recursos humanos; contratación de proveedores misioneros; innovación y agregado de valor; sostenibilidad ambiental y eficiencia energética; e impacto territorial.

A partir de esos criterios, las inversiones podrán ubicarse en cuatro categorías: impacto estratégico alto, medio-alto, medio o insuficiente. La clasificación determinará la intensidad, el alcance y la duración de las ventajas impositivas. Los proyectos que no alcancen el puntaje mínimo requerido quedarán excluidos.

De esta manera, la cantidad de capital invertido no será el único factor para acceder a los incentivos. La generación de puestos de trabajo, la integración de empresas locales en las cadenas de producción y la incorporación de tecnología también tendrán incidencia en la evaluación.

Complementario al Rigi y al Rimi

Invertí Misiones tendrá carácter provincial, complementario, optativo y no restrictivo respecto de los regímenes nacionales de promoción de inversiones.

En ese marco, la ley establece su articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que Misiones adhirió mediante la Ley VII – Nº 106, y con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

La normativa establece que las condiciones provinciales no podrán limitar los derechos reconocidos por los instrumentos nacionales. Por lo tanto, las empresas podrán combinar los beneficios de ambos niveles cuando sus proyectos cumplan los requisitos correspondientes, siempre que no exista incompatibilidad expresa ni duplicación de incentivos sobre una misma obligación tributaria.

Ventanilla única para simplificar los trámites

La implementación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, que deberá establecer los procedimientos de inscripción, evaluación, aprobación y fiscalización de las inversiones.

Para facilitar el acceso, la legislación dispone la creación de una ventanilla única que concentrará la recepción y el seguimiento de los proyectos. También prevé un registro provincial de inversiones, entidades desarrolladoras y proveedores locales.

Las empresas que obtengan beneficios deberán acreditar periódicamente el cumplimiento de las inversiones comprometidas, la generación de empleo y los demás indicadores considerados para su aprobación.

En caso de incumplimientos, la Provincia podrá reducir, suspender o cancelar las ventajas fiscales, recategorizar los proyectos e incluso exigir la devolución de los beneficios utilizados indebidamente.

Por último, el régimen establece la publicación anual de información consolidada sobre los proyectos aprobados, las inversiones ejecutadas, los puestos de trabajo generados, la participación de proveedores locales y los beneficios fiscales otorgados. Además, invita a los municipios a adherir a la iniciativa y establecer incentivos propios.

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