El patrimonio y los movimientos inmobiliarios del vocero presidencial y legislador electo porteño, Manuel Adorni, volvieron a quedar bajo la lupa judicial tras una nueva declaración testimonial en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones y manejo de fondos. El caso suma así un nuevo elemento al expediente que tramita en el juzgado federal a cargo del juez Ariel Lijo.
José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cua y vecino de Adorni, declaró este miércoles ante la fiscalía de Gerardo Pollicita que le alquiló su casa al funcionario durante un año y medio por un monto total de 21.000 dólares, abonados en efectivo. La información fue publicada originalmente por el diario La Nación.
El testimonio de Rodríguez ratificó parcialmente lo que ya señaló con anterioridad el contratista Matías Tabar, quien había mencionado un contrato de locación por US$13.000. Sin embargo, el propietario incorporó nuevos detalles que amplían el cuadro de la operación y que ahora forman parte del expediente judicial.
Según su declaración, antes del acuerdo formal hubo un alquiler previo durante enero y febrero de 2024 por US$5.600. Luego, una vez vencido el contrato principal de 13 meses, la estadía se extendió otros tres meses por US$2.400 adicionales, lo que completa el total de US$21.000 abonados al propietario.
Sin contrato y con custodia policial
Un dato de particular relevancia para la investigación es que la última prórroga del alquiler se realizó sin contrato firmado. Ese elemento quedó incorporado al expediente y podría sumar interrogantes sobre los movimientos patrimoniales y financieros del entorno del funcionario, según el análisis de las fuentes judiciales que siguen la causa.
Fuentes judiciales citadas por La Nación señalaron, además, que Rodríguez abandonó la fiscalía acompañado por un efectivo de la Policía Federal luego de prestar declaración, un detalle que no pasó inadvertido en el contexto de una investigación de alto perfil político.
La investigación tiene su origen en denuncias presentadas por dirigentes opositores y exaliados libertarios, entre ellos la diputada Marcela Pagano, que apuntaron a un presunto incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por Adorni. Entre los puntos bajo análisis figuran propiedades en countries, viajes al exterior, gastos en dólares, remodelaciones pagadas en efectivo y movimientos financieros considerados llamativos por la Justicia.
En el marco de la causa, el juez Lijo ya ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, para acceder a información sobre cuentas, consumos, créditos, billeteras virtuales y operaciones financieras. La medida fue impulsada por el fiscal Pollicita, quien en marzo solicitó una batería de medidas de prueba para analizar la evolución patrimonial, financiera y societaria del vocero.
Criptomonedas, refacciones y viajes al exterior
En las últimas semanas la pesquisa sumó nuevas líneas de investigación vinculadas a operaciones con criptomonedas detectadas tras el análisis preliminar de movimientos financieros. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, los investigadores buscan establecer la trazabilidad de esos activos digitales y determinar si guardan relación con bienes o gastos no declarados.
Otro de los focos de la causa está puesto sobre presuntas refacciones millonarias en una vivienda del mismo country Indio Cua. Un contratista declaró ante la Justicia que habría cobrado alrededor de US$245.000 en efectivo por obras realizadas en la propiedad atribuida al funcionario, sin emisión de facturas.
La fiscalía también incorporó al expediente testimonios sobre viajes al exterior realizados junto a su familia, algunos de ellos en primera clase, y operaciones inmobiliarias que buscan reconstruir el origen de los fondos utilizados por el funcionario. Todos estos elementos conforman un mapa de investigación que la Justicia construye de forma progresiva.
Hasta el momento, Adorni negó todas las acusaciones y sostuvo públicamente que las denuncias “no tienen sustento”. También descartó la posibilidad de renunciar a su cargo y aseguró que demostrará la legalidad de su patrimonio, en tanto la causa judicial avanza con nuevas declaraciones y medidas de prueba.
