El grupo Dass cerró su planta de calzado deportivo y textil en la localidad bonaerense de Coronel Suárez hace poco más de un año. Las máquinas que dejaron de funcionar en esa fábrica no desaparecieron: hoy operan en Paraguay, en una planta de la misma empresa, en alianza con la brasileña Texcin, con una inversión de 40 millones de dólares y 600 trabajadores en actividad.
Desde esa nueva instalación, Dass fabrica para las mismas marcas que antes producía en la provincia de Buenos Aires: Fila, Asics y Champion, entre otras. Las operaciones arrancaron en marzo y la inauguración contó con la presencia del ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme. El crecimiento del sector en el país vecino es la contracara exacta de lo que ocurre en Argentina desde 2024.
La planta de Coronel Suárez tuvo un origen histórico preciso. La construyó y equipó en 1976 la familia Bachellian, propietaria de Gatic, la licenciataria de Adidas para Argentina. Con el tiempo se convirtió en un polo de actividad local y regional, y a fines de los años ochenta empleaba a miles de personas. Durante décadas, Dass fue el principal empleador de esa localidad bonaerense.
Una apertura que hirió de muerte a la industria
La empresa sobrevivió a todas las crisis anteriores. No sobrevivió a la apertura indiscriminada de importaciones que el gobierno nacional implementó desde 2024, cuando habilitó el ingreso de pares terminados de manera irrestricta. El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Horacio Moschetto, calificó la situación actual como mucho más grave que la de 2018 o incluso la de 2001.
Moschetto atribuye el deterioro del sector a un combo de múltiples factores. A la avalancha de importaciones por el dólar barato y la caída de la demanda por falta de ingresos, suma el contrabando en gran escala producto de la ausencia de controles fronterizos. La combinación de esos elementos golpeó de manera simultánea y con una intensidad sin precedentes recientes.
El caso Dass no es aislado. Forma parte de una cadena que incluye a Cooper Shoes en Las Flores y a Bicontinentar en Chivilcoy, una fábrica que llegó a emplear a 700 trabajadores y ensamblaba para marcas líderes como Le Coq Sportif, Under Armour y Montagne. Todas esas empresas exportaban hasta 2023, lo que descarta que sus problemas sean de competitividad interna.
Destrucción de capital sin retorno
A diferencia de etapas anteriores de desindustrialización —las orquestadas por José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo o Mauricio Macri— el cierre actual tiene una particularidad que lo distingue: cuando comience un nuevo ciclo económico, Dass no reabrirá su planta en Coronel Suárez porque ya no cuenta con los medios necesarios para hacerlo. Las máquinas están en otro país.
Para muchas empresas nacionales, sin embargo, la relocalización no fue ni siquiera una opción. Por el contrario, hubo casos en los que los propietarios se vieron forzados a malvender sus bienes de capital para afrontar pasivos: deudas bancarias, obligaciones con la ex AFIP o el pago de indemnizaciones a los trabajadores despedidos.
Esa etapa de liquidación forzada parece haber concluido, pero no de manera positiva. Hoy existen casos en los que los empresarios ofrecen sus bienes de capital a precio de remate y ni así encuentran comprador. La destrucción de capital productivo alcanzó una escala que supera la capacidad de absorción del mercado.
La prioridad actual de Bicontinentar, según el material disponible, es hacer caja como sea para terminar de pagar las indemnizaciones de sus ex empleados. La empresa que exportaba para marcas internacionales hoy pelea por cubrir sus compromisos de cierre.
Una ley que llegó tarde
En 2023, las mismas empresas hoy en crisis impulsaron, junto a la CIC y al sindicato del sector, la sanción de una ley específica para la industria del calzado. La iniciativa logró la aprobación en la Cámara de Diputados y estaba a punto de ser tratada en el Senado.
La llegada de Javier Milei al gobierno interrumpió ese proceso justo antes de que la cámara alta la tratara. La norma que el sector consideraba una herramienta clave para su supervivencia nunca entró en vigencia.
El caso de Dass condensa, en un solo ejemplo, las consecuencias del modelo económico sobre la industria nacional. Un grupo internacional produce donde más le conviene y relocaliza sus activos sin mayores fricciones. Las empresas locales no tienen esa posibilidad: cuando cierran, el capital productivo se destruye o se dispersa sin posibilidad de recuperación en el corto plazo.
Lo que quedó en Coronel Suárez es el espacio físico de una fábrica que durante décadas fue el motor económico de una comunidad entera. Lo que quedó en Paraguay son las máquinas, los empleos y la producción. El traslado no fue solo logístico: fue la materialización de una política económica con consecuencias concretas sobre el territorio, el trabajo y la industria argentina.
