El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó cargos por homicidio, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves contra el exdictador cubano Raúl Castro. La imputación formal ocurrió ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida a raíz del derribo de dos avionetas civiles en el año 1996. El fiscal general interino Todd Blanche realizó el anuncio oficial desde la emblemática Torre de la Libertad de Miami.
El funcionario judicial destacó la relevancia histórica de la medida adoptada por las autoridades norteamericanas durante el acto público. “Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país, en los Estados Unidos de América, por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, afirmó Blanche según documentos judiciales.
La acusación remite a los hechos del 24 de febrero de 1996, cuando dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos aparatos desarmados de la organización Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida. El ataque provocó la muerte de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, y del residente legal Pablo Morales. Una tercera aeronave con el líder del grupo, José Basulto, escapó del ataque.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó en su momento que el incidente ocurrió en aguas internacionales. Esta resolución contradijo la postura oficial de La Habana, la cual catalogó a los aviadores de “terroristas”. Fidel Castro sostuvo entonces que las fuerzas armadas actuaron bajo “ordenes permanentes” y negó una instrucción específica de su hermano para abrir fuego.
La cadena de mando de Raúl Castro y las reacciones políticas
Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) al momento del ataque contra los pilotos exiliados. La Fiscalía de los Estados Unidos incluyó en la acusación formal a otros cinco militares cubanos: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.
La fecha del anuncio coincidió con el 20 de mayo, día de la declaración de la República de Cuba en 1902. La comunidad cubanoamericana celebró la decisión judicial frente a la Torre de la Libertad. “Todos esperamos durante mucho tiempo, durante muchos años, que esto sucediera”, declaró Bobby Ramírez, un músico de 62 años exiliado desde 1971.
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel rechazó la fecha histórica en su cuenta de la red social X y afirmó que ese día significa “intervención, injerencia, despojo, frustración” en la historia de la isla. El régimen comunista prioriza el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. Sus argumentos apuntan a que tras 1902 el país permaneció bajo el dominio de facto de Washington debido a la Enmienda Platt.
En el plano diplomático, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un mensaje en video dirigido al pueblo cubano. El funcionario de origen cubano ofreció “una nueva relación” con Washington y prometió 100 millones de dólares en asistencia humanitaria. Este envío de alimentos y medicinas se canalizaría a través de la Iglesia Católica u organizaciones caritativas.
Ofensiva económica y tensión regional
Rubio responsabilizó de forma directa al liderazgo de la isla por la grave crisis energética actual. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó el secretario de Estado. Además, el funcionario acusó al conglomerado empresarial militar GAESA de operar como “un Estado dentro del Estado”.
El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió a través de las redes sociales y calificó a Rubio de “vocero de intereses corruptos y revanchistas”. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla no descartó la aceptación de los recursos económicos. “Sigue hablando de una ayuda de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado, pero cuyo cinismo es evidente para cualquiera ante el efecto devastador del bloqueo económico”, escribió Rodríguez en X.
La medida judicial coincidió con otras sanciones recientes de la administración Trump, como un decreto presidencial del 29 de enero que impuso aranceles a la venta de petróleo a Cuba. La Habana reconoció la falta de reservas energéticas para cubrir las necesidades cotidianas. El Departamento del Tesoro también incluyó en listas negras a los ministros de Justicia, Energía y Comunicaciones de la isla.
La presión política aumentó tras la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en enero, un aliado estratégico de Cuba. El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana para advertir sobre la seriedad de las advertencias de Trump. Las autoridades norteamericanas no precisaron los mecanismos para una eventual captura de Raúl Castro, quien no registra salidas de su país.
