El hijo de una de las jubiladas involucradas en la operación inmobiliaria declaró este miércoles en los tribunales de Comodoro Py que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le debe otros 65.000 dólares no documentados, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal Gerardo Pollicita junto al juez Ariel Lijo.
Una de las declaraciones más esperadas en la causa que involucra a Adorni sumó un nuevo elemento de peso. Pablo Martín Feijoo, empresario y gestor de la compraventa de un departamento en Caballito, aseguró bajo juramento que el funcionario mantiene una deuda de 65.000 dólares vinculada a refacciones realizadas en el inmueble.
Feijoo se presentó este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita y declaró durante tres horas. Ingresó y se retiró de Comodoro Py con custodia de la Policía Federal Argentina, sin hacer declaraciones a la prensa.
Según su testimonio, él mismo se hizo cargo de las obras en el departamento ubicado en la calle Miró al 500, cuyo costo total ascendió a 65.000 dólares. Ese monto, afirmó, fue acordado “por afuera” con Adorni, con la promesa de ser devuelto cuando el funcionario vendiera su propiedad en Parque Chacabuco.
La operación inmobiliaria comenzó en mayo de 2025, cuando el exfutbolista Hugo Morales vendió el departamento a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas por 200.000 dólares. Feijoo, hijo de Viegas, intervino en la negociación y luego puso la propiedad nuevamente en venta con la intención de obtener una ganancia.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, Adorni se interesó en el inmueble tras decidir mudarse. En octubre de 2025, ambas partes acordaron un precio final de 230.000 dólares. El funcionario pagó un adelanto de 30.000 y financió el resto a un año, sin intereses.
Para ese momento, la remodelación del departamento ya estaba avanzada. Feijoo explicó que logró reducir costos por su experiencia en el rubro, ya que dirige una empresa de desarrollos urbanos. Su plan original era vender la propiedad a 345.000 dólares.
Consultado sobre por qué aceptó vender por debajo de ese valor, el empresario sostuvo que le resultaba conveniente cerrar operaciones con “gente importante”. Sin embargo, el foco de la investigación no está puesto en su rentabilidad, sino en determinar si el patrimonio de Adorni es consistente con sus ingresos declarados.
Las fuentes del caso indicaron que el jefe de Gabinete aún no saldó la deuda por las refacciones. Además, en noviembre deberá afrontar otros compromisos: pagar los 200.000 dólares financiados por las jubiladas y cancelar un préstamo de 70.000 dólares más intereses, otorgado por dos policías a cambio de una hipoteca sobre otro inmueble. De ese monto, ya habría devuelto 30.000.
La causa también pone bajo análisis una serie de gastos personales del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, incluyendo viajes al exterior a destinos como Estados Unidos, Aruba y Punta del Este. Según la investigación, muchos de esos pagos se habrían realizado en efectivo, sin registros en tarjetas o cuentas bancarias.
En ese contexto, el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas para profundizar el análisis patrimonial. Solicitó información a bancos, billeteras virtuales y plataformas de criptomonedas, además de registros sobre cajas de seguridad, movimientos cambiarios y documentación de viajes.
También requirió datos al Banco Central sobre operaciones de compra de divisas y pidió avanzar en el análisis del proceso sucesorio del padre del funcionario.
En paralelo, este miércoles declaró el encargado del edificio donde se encuentra el departamento de Caballito. El testigo afirmó no recordar detalles relevantes, aunque señaló que observó el ingreso de muebles y electrodomésticos tras la mudanza.
