El juez federal Martín Cormick fijó una multa de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas y recomponer las becas estudiantiles.
La decisión se conoció en la víspera de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En este marco, Misiones se suma al reclamo, pues la Universidad Nacional de Misiones convocó a movilizarse en Posadas, Eldorado y Oberá.
Una sanción por incumplir la medida judicial
El magistrado del fuero Contencioso Administrativo Federal aplicó la sanción tras dos advertencias previas al Estado nacional. La resolución establece que Santilli deberá pagar $100.000 por cada día de demora, aunque el juez advirtió que podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados por la medida.
Cormick sostuvo que existe un “incumplimiento verificado” de la cautelar. La decisión respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció la falta de cumplimiento de una orden judicial confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.
Qué exige la Ley de Financiamiento Universitario
La normativa establece una recomposición salarial para el personal docente y no docente de las universidades públicas. El cálculo debe reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025, con un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
Además, la ley dispone actualizaciones salariales mensuales de acuerdo con la inflación y la recomposición de las becas estudiantiles. El Gobierno, sin embargo, cuestionó el alcance económico de la cautelar y sostuvo que la resolución judicial no precisa las sumas exactas que debe abonar para cumplir con la obligación.
La defensa del Gobierno y la discusión por los aumentos
En su apelación, el Estado nacional argumentó que la medida impone pagos sin una determinación precisa de los montos adeudados y puede afectar el funcionamiento de la administración pública. También solicitó que el recurso tuviera efecto suspensivo, pedido que Cormick rechazó.
Como parte de su defensa, el Gobierno afirmó que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,80%, tras una suba del 21,33% en junio de 2026. Según su cálculo, ese porcentaje superó el 226,40% correspondiente al período que tomó como referencia.
Asimismo, informó que propuso una recomposición del 3% para septiembre de 2026, complementaria de otro aumento del 3% acordado en junio, con impacto en los haberes de octubre. El Ejecutivo también cuestionó el cálculo que llevaría a exigir una actualización acumulada del 312,19% y alegó que el Presupuesto 2026 no contempla partidas para afrontar ese incremento.
La cautelar sigue vigente mientras avanza la causa
Aunque el expediente principal pasó a revisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la medida cautelar continúa vigente. El juez había otorgado al Estado un plazo de cinco días para cumplir, que venció el 22 de septiembre, y luego concedió una prórroga por igual período. Ante la falta de pagos acreditados, el CIN solicitó la aplicación de multas diarias.
La sanción se conoce a pocas horas de una nueva Marcha Federal Universitaria, en un escenario de disputa entre el Gobierno y las universidades públicas por la actualización de salarios, las becas y los recursos del sistema educativo. La resolución judicial no define el resultado final de la causa, pero establece una penalidad económica mientras persista el incumplimiento de la orden vigente.
