El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios con el objetivo de reducir al menos 1.500 puestos de trabajo dentro de su estructura. Los trabajadores podrán adherirse hasta el 31 de mayo, en el marco de la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.
La planta actual del organismo ronda los 5.800 empleados y la meta oficial es reducirla a 4.500. El ajuste apunta especialmente al cierre de Agencias de Extensión, una de las áreas históricas del INTA encargada de transferir conocimientos y asistencia técnica a los productores.
El reglamento firmado por el coordinador nacional de personal del organismo, Sebastián Ibarra, y establece que podrán acceder al retiro voluntario los agentes de planta permanente con al menos tres años de antigüedad al 30 de abril de 2026.
Quedan excluidos quienes ya iniciaron trámites jubilatorios, hayan cumplido 65 años antes de esa fecha, estén involucrados en procesos judiciales o administrativos por faltas graves, o hayan presentado previamente su renuncia.
Crece la preocupación en el INTA por la posible pérdida de técnicos
El esquema contempla una “gratificación extraordinaria de egreso” equivalente a 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. Para quienes tengan más de 60 años se aplicará un tope de hasta 24 haberes brutos, mientras que para los mayores de 64 años el límite será de 12 meses.
Desde el organismo aclararon que la adhesión no garantiza automáticamente la aprobación del retiro. Cada caso será evaluado por el INTA para evitar la salida de personal considerado estratégico dentro de la estructura técnica y científica.
La indemnización la abonaran en un solo pago dentro de los 30 días posteriores al cese de funciones. Además, quienes acepten el retiro no podrán reingresar al INTA ni a otros organismos del sector público nacional, con excepción de las universidades nacionales.
El Gobierno nacional sostiene que la medida busca reordenar la estructura del organismo, reducir costos operativos y avanzar en una nueva configuración institucional. Sin embargo, dentro del sector persiste la preocupación por la posible pérdida de técnicos e investigadores y el impacto que podría generar sobre la capacidad territorial.
