La Provincia oficializó la Ley VIII – Nº 120 de Promoción y Desarrollo de Startups, destinada a consolidar el ecosistema emprendedor y tecnológico local. La promulgación quedó establecida mediante el Decreto Nº 1062, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del gobernador Hugo Passalacqua y del ministro coordinador de Gabinete Carlos Sartori. La norma cuenta con el aval institucional de la Cámara de Representantes, presidida por Sebastián Macías.
La ley tiene como finalidad fomentar la creación, radicación, consolidación y expansión de empresas innovadoras en Misiones, promoviendo el desarrollo tecnológico, la generación de empleo calificado y el crecimiento económico sostenible. Define como startups a las personas humanas o jurídicas que desarrollen productos, servicios o procesos innovadores, con potencial de crecimiento escalable y actividad efectiva en la provincia.
Entre sus objetivos centrales, la norma busca impulsar emprendimientos de base tecnológica, generar empleo calificado y favorecer el arraigo del talento local. También apunta a promover la inversión privada y consolidar a Misiones como un polo regional de innovación y desarrollo.
Uno de los ejes principales es la creación del Registro de Empresas Startups de la Provincia, requisito obligatorio para acceder a los beneficios. Este instrumento permitirá reunir información estadística y técnica para diseñar políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la industria del conocimiento. Las empresas inscriptas podrán acceder a exenciones o diferimientos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y otros tributos provinciales, prioridad en programas de capacitación, incubación y aceleración, asistencia técnica y mentorías especializadas, además de espacios de coworking, laboratorios y entornos de innovación dependientes del Estado. La ley también prevé líneas de financiamiento y programas de apoyo económico vigentes.
El Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos actuará como autoridad de aplicación a través de Silicon Misiones SAPEM y la Dirección General de Rentas, cada uno dentro de sus competencias. Entre sus funciones figuran administrar el registro, definir criterios técnicos de elegibilidad, promover tecnologías emergentes, celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, e impulsar acciones de vinculación e internacionalización del ecosistema emprendedor.
