Se trata de la legislación que permitirá o prohibirá esta tecnología en función del riesgo que implique para los ciudadanos. No se aplicará en lo inmediato. Las características de la medida y las sanciones económicas por infracción.
El Parlamento Europeo ratificó este miércoles la ley de inteligencia artificial (IA), con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. De esta manera, la Eurocámara avaló el acuerdo que a finales del año pasado cerró un grupo de representantes de las tres instituciones comunitarias y que requería aún el visto bueno del pleno del Parlamento Europeo. Se trata de la primera normativa que regula esta tecnología en el mundo.
Los detalles de la ley de IA
La normativa permite o prohíbe el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para los ciudadanos y, con ella, la UE pretende dar ejemplo al resto del mundo e impulsar a la industria europea frente a Estados Unidos y China.
En líneas generales, la ley de inteligencia artificial prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos, pero permite que las fuerzas del orden puedan emplear las cámaras de identificación biométrica, con previa autorización judicial, para prevenir una amenaza terrorista inminente.
También para localizar o identificar a una persona que haya cometido delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual o, por ejemplo un crimen medioambiental, así como para buscar a las víctimas de estos delitos.
Asimismo, el reglamento establece una serie de obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial generativa en los que se basan programas como ChatGPT, de la empresa OpenAI, o Bard, de Google.
En concreto, tendrán que especificar si un texto, una canción o una fotografía se han generado a través de la inteligencia artificial y garantizar que los datos que se han empleado para entrenar a los sistemas respetan los derechos de autor.
Además, se identifica toda una serie de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que sólo se podrán comercializar si sus desarrolladores garantizan que respetan los derechos fundamentales.
Por ejemplo, los que puedan influir en el resultado de unas elecciones o los que empleen las entidades financieras para evaluar la solvencia y la calificación crediticia de los clientes.
Sanciones millonarias
La legislación define medios de vigilancia y sanciones, mediante la creación de una Oficina Europea de IA. Esa instancia podrá imponer multas que van desde 7,5 millones de euros o el 1,5% de la facturación de las empresas afectadas, hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global, dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa.
Esta normativa determina en los ciudadanos deben ser claramente informados que están tratando con recursos de inteligencia artificial.
