El Gobierno de Misiones estableció un régimen extraordinario y transitorio para garantizar la continuidad de los servicios en instituciones que atienden a personas con discapacidad, frente a la interrupción de financiamiento por parte del Estado nacional. En este sentido desde el CENEMI, recibieron la noticia con satisfacción.
“Estamos muy contentos todos, nos tomó de sorpresa porque pensamos que quizás se iba a demorar un poco. Nuestro reclamo pasa por el funcionamiento y la parte económica en las instituciones”, indicó Sebastián Calderón, en exclusiva con LT 17 Radio Provincia de Misiones.
Seguidamente destacó la respuesta del gobierno de Misiones ante su inquietud. “Salimos a la calle por un reclamo que se hace a Nación hace tres semanas. No obstante fuimos recibidos por el Gobierno que automáticamente nos habilitaron un espacio de escucha y nos generaron unas propuestas que vienen a apaciguar la situación que vivimos las instituciones de discapacidad de la provincia y del país en general”, señaló.
Cabe mencionar que existen cuatro sedes del CENEMI: dos en Posadas, una en Oberá y la otra en Eldorado. “Además sumando las prestaciones que tienen el Centro de Día y Servicio de Apoyo a la integración escolar, son entre 650 y 700 personas”, describió.
El decreto
Crea el “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”, que cubrirá consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución. Los subsidios se transferirán directamente a las prestatarias, entre ellas Energía de Misiones, SAMSA y cooperativas de la provincia. “El gobernador se puso a disposición de las entidades que reclamamos para dar un respiro a estas cuestiones. Si bien no se eliminó el riesgo más grande, aliviana una buena parte de los servicios”, afirmó Sebastián Calderón.
Podrán acceder al beneficio los centros con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. El decreto también establece la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas.
La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, autoridad de categorización.
“La discapacidad debe ser agenda en cualquier gobierno ya por la condición de vulnerabilidad que hacen a estas personas”, sentenciaron desde el CENEMI.
