Se cumple un año de uno de los operativos judiciales más impactantes en la historia reciente de Misiones: la solicitud de captura internacional contra el entonces diputado provincial Germán Kiczka y su hermano Sebastián, por su presunta vinculación con una red de distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). En ese marco, el juez de Instrucción Nº 4 de Apóstoles, Dr. Miguel Ángel Faría, quien impulsó la causa, habló en detalle los pormenores de la investigación y la complejidad del caso que conmocionó a la provincia.
El magistrado reconstruyó el momento crucial de la investigación, cuando se dispusieron allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país. Faría explicó que la coordinación se llevó a cabo a través del personal policial designado, que armó un grupo para coordinar que fuera simultáneo a las 3 de la mañana, con más de ocho objetivos: en Misiones el punto fue la casa del padre de los hermanos Kiczka.
A partir de lo encontrado en esos allanamientos, comenzó a develarse la trama. Faría recordó que la causa inició en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que el 26 de abril un juez penal se inhibió y remitió las actuaciones digitalmente a su juzgado en Apóstoles, momento a partir del cual la investigación tomó un curso decisivo en Misiones.
Frente a la evidencia recolectada, que incluía 603 archivos de contenido criminal, el juez Faría no dudó en solicitar el desafuero del legislador. Sostuvo que existían indicios vehementes y elementos de prueba contundentes que lo llevaron a tomar esa decisión. “Había 603 archivos que contenían material de abuso sexual infantil y eso, por supuesto, me llevó a tomar esa decisión”, afirmó
El impacto del caso Kiczka
El impacto social del caso fue inmediato y profundo. El juez señaló que la sociedad apostoleña, misionera y argentina quedó sin palabras, sumida en una sorpresa e indignación creciente a medida que se conocían los detalles de la causa. Lejos de ser una persecución política, como algunos especularon, Faría fue enfático al señalar que el material probatorio era contundente y abrumador, una postura que la sentencia condenatoria posterior confirmaría.
Al ser consultado sobre la naturaleza del material, el juez admitió que era extremadamente fuerte y novedoso por su vinculación con medios informáticos y el delito de grooming. Hizo hincapié en una dimensión crucial que, a su entender, la sociedad no debe olvidar: detrás de cada imagen hay un niño real.
“Siempre digo, en este caso sonó una alarma, que no es solamente el material que está siendo distribuido (…) sino que detrás de eso hay un abuso sexual de niños. Esta es la dimensión grave”, expresó Faría, mientras añadía que en el material encontraron escenas de zoofilia.
Una mancha negra en la historia política y social misionera
Consultado sobre cómo se sobrelleva emocionalmente el análisis de semejante material, el juez, con 33 años de carrera en el Poder Judicial, reconoció la dificultad de separar la subjetividad de la objetividad requerida para resolver. Aseguró que es una constante en su labor, especialmente en delitos graves como homicidios y violaciones, donde suele presenciar las entrevistas en Cámara Gesell para observar directamente las reacciones de los niños víctimas.
Respecto a la investigación en una ciudad pequeña como Apóstoles, Faría admitió que a veces es más difícil porque, al conocerse todos, existe una tendencia a evitar brindar información para no comprometerse. Este ambiente, sin embargo, no impidió que el hermano del entonces diputado, alertado, decidiera fugarse. El juez confirmó que, una vez librada la orden de detención tras el desafuero, las personas imputadas no estaban en sus domicilios y se habían convertido en prófugos de la justicia.
Finalmente, el Dr. Faría reflexionó sobre el legado del caso, al señalar que actuó como un punto de bisagra que impulsó la especialización del sistema judicial misionero, como la creación de una fiscalía de cibercrimen, que permite que estos delitos lo analicen personas formadas específicamente para combatir estos crímenes en la dark web.
Las declaraciones del juez Faría encuentran su correlato en el desenlace legal del caso. Germán Kiczka fue condenado a 14 años de prisión, mientras que su hermano Sebastián recibió una pena de 12 años. El tribunal consideró probados los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil agravado.
