Tras el escándalo de las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la baja de pensiones por discapacidad, muchos damnificados empezaron procesos legales en contra del ente gubernamental. En este marco, el abogado Luis Adrián Oudin, apoderado de los damnificados que lograron medidas cautelares para recuperar sus pensiones no contributivas por discapacidad, se refirió a la situación que atraviesan cientos de misioneros durante una entrevista en el programa El Periodista de Canal Doce.
Oudin explicó que hasta el momento cuatro personas ya obtuvieron una resolución favorable de la Justicia. Dos de ellas tienen retraso madurativo, otra padece un cuadro avanzado de epilepsia y la cuarta sufre una discapacidad motriz total, al punto que debió firmar la demanda con su huella digital y la asistencia de testigos. “A estas cuatro personas con discapacidades severas y evidentes les quitaron la pensión por discapacidad”, cuestionó, al señalar la decisión tomada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El abogado sostuvo que la quita se produjo hace dos meses y que ninguno de los beneficiarios quedó notificado para presentarse a las auditorías correspondientes. “Jamás recibieron la citación, por eso nunca pudieron concurrir. Como no fueron, les dieron de baja”, afirmó. Según indicó, el planteo judicial se centra en que el procedimiento administrativo fue nulo por la falta de notificación, lo que impidió que sus representados acreditaran su situación real.
La justicia entra en acción en el caso ANDIS
La Justicia respondió con una medida cautelar innovativa, que ordena retrotraer la situación al estado anterior a la baja. Oudin detalló que esto implica la restitución de las pensiones y el pago retroactivo de lo que dejaron de percibir. “Si estas personas tienen que esperar una sentencia definitiva, la justicia llegaría tarde. No pueden esperar porque es su único ingreso”, remarcó.
El monto ronda los 270.000 pesos mensuales, una suma que, según el abogado, constituye el único sustento para los beneficiarios y sus familias. Sin ese aporte, advirtió, quedan completamente desprotegidos.
Por ahora son cuatro los casos resueltos, pero la cifra podría aumentar rápidamente. Oudin anticipó que en los próximos días otras 14 personas presentarán demandas y que existen cientos más en análisis. “Estamos trabajando en coordinación con la Comisión Provincial de Discapacidad para clasificar los casos y dar prioridad a los más urgentes”, señaló.
Respecto al cumplimiento de la cautelar, Oudin indicó que el Estado nacional ya quedó notificado y tenía 48 horas para efectivizar la restitución. “Hasta ahora no lo hizo. Si no cumple, el juez aplicará las astreintes, que son multas procesales por incumplimiento”, advirtió.
El letrado también aclaró que su labor no implica un gasto para los amparistas, ya que trabaja bajo la modalidad de honorarios a resultado, lo que significa que cobrará recién al finalizar el proceso. Finalmente, mencionó que la medida fue otorgada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°7, con la firma de la jueza Carmen Carbone.
