El Consejo de la Magistratura de Misiones aprobó el 23 de septiembre una modificación clave a su reglamento de concursos, introduciendo cambios en el Artículo 20 para reforzar la transparencia y la eficacia de los procesos de selección. La medida establece nuevos criterios de notificación y ratificación de participación en los exámenes de oposición, al tiempo que se enviaron dos ternas al Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en Posadas y Puerto Rico.
La resolución, encabezada por la presidenta Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y acompañada por los consejeros, dispone que las fechas y lugares de los exámenes escritos y orales se publicarán en el sitio web institucional con al menos dos días de antelación. Asimismo, los postulantes serán notificados en igual plazo a través de correo electrónico.
La convocatoria detallará la composición de la comisión técnica y especificará el material autorizado: Constituciones Nacional y Provincial, Códigos y leyes nacionales y provinciales. Según explicó el secretario del Consejo, Leonardo Villafañe, la medida busca “optimizar el servicio y asegurar la logística”.
Ahorro de costos innecesarios
El principal beneficio, señaló el secretario, es que “implica un ahorro muy importante en lo que tiene que ver con logística, gastos de traslado, personal, etc”. Por otro lado, manifestó: “Empezamos a darnos cuenta que la gente comenzaba a ratificar por las dudas, entonces, lo que se estableció ahora es una resolución que ordena el proceso”. Además, dijo que “establece que es carga del postulante ratificar”, por lo que, en caso de no cumplir con dicho compromiso, quedará registrado en su legajo para futuras evaluaciones o entrevistas personales.
Villafañe remarcó que el cambio fue aprobado por unanimidad en resolución plenaria y que permitirá registrar en cada legajo la conducta de los postulantes en caso de reiteradas ausencias. “Se trata de regular una costumbre que ya se venía aplicando, pero que ahora queda formalmente incorporada al reglamento”, señaló.
Requisitos y alcances de los concursos
El reglamento también fija los requisitos para concursar distintos cargos judiciales:
- Miembro o Fiscal de Cámara: ciudadanía argentina, título de abogado, 30 años de edad y seis años de ejercicio profesional o de magistratura.
- Juez Letrado de Primera Instancia: ciudadanía, 25 años cumplidos y tres años de ejercicio como abogado.
- Miembro del Ministerio Público: nacionalidad argentina y diez años de ejercicio de ciudadanía, con dos años de experiencia profesional o antigüedad en cargos judiciales.
Para la apertura de legajos, los postulantes deberán presentar copia certificada del título de abogado, certificado del Colegio de Abogados o del Poder Judicial, y copia de las dos primeras páginas del DNI.
Nuevas ternas enviadas al Poder Ejecutivo
El Consejo remitió al Poder Ejecutivo provincial dos ternas para cubrir vacantes judiciales. En Posadas, se definió la terna para el Juzgado de Instrucción N°1, vacante desde la designación del juez Cardoso como magistrado federal en Iguazú. Los postulantes son Juan Carlos del Rosal, Carla Freitag y Diego Lafata.
En Puerto Rico, se elevó la terna para la Fiscalía Civil, Comercial, Laboral, Familiar y de Violencia Familiar N°1, integrada por Camila Ruti, Marcela Hahn y Estefanía Vázquez.
El Ejecutivo deberá ahora remitir los pliegos a la Cámara de Representantes para su tratamiento y eventual acuerdo legislativo. En paralelo, se avanza con el concurso para el Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá, donde se está desarrollando el examen oral.
Impacto institucional
La reforma al reglamento y el envío de nuevas ternas refuerzan el proceso de institucionalización del sistema de selección de magistrados en Misiones. La medida apunta a transparentar los concursos y optimizar recursos en un contexto de creciente demanda judicial, especialmente en fueros sensibles como el penal y el de familia.
El avance en la cobertura de vacantes busca responder a necesidades urgentes: el juzgado de Posadas quedó acéfalo tras la promoción de su anterior titular, mientras que en la zona centro la fiscalía de Puerto Rico afronta un fuerte volumen de causas vinculadas a conflictos familiares y laborales.
El desafío inmediato será garantizar que la reforma normativa contribuya efectivamente a un proceso más ágil y eficiente, sin perder de vista la calidad y el control en la selección de magistrados.
