El Ministerio Público provincial presentó un proyecto que apunta a reforzar su independencia mediante la autarquía financiera y la autonomía funcional. La propuesta prevé inversiones en tecnología forense, digitalización de denuncias y la creación de nuevas sedes de acceso a la justicia en la provincia.
Fue durante la exposición que hizo, este martes, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre su partida presupuestaria para el 2026. En la ocasión, el procurador general definió al Ministerio Público como “la herramienta con la que cuenta la sociedad para intervenir en los procesos judiciales”. Su rol abarca la promoción y garantía de los derechos humanos en todas las ramas del derecho, desde el penal hasta el laboral y la seguridad social.
En el ámbito penal, explicó que es el organismo responsable de investigar y perseguir los delitos, mientras que en la defensa vela por el debido proceso y el acceso a la justicia.
La presidenta del Poder Judicial, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, encabezó la exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Lo hizo acompañada por el procurador general, Carlos Jorge Giménez, el administrador general, Néstor Oscar Moróz y la directora de administración, Liria Beatriz Schunke.
Fortalecimiento institucional y proyecciones tecnológicas
De acuerdo a la fundamentación presentada, Giménez explicó que la autonomía funcional del Ministerio Público se considera necesaria para que el organismo pueda “ejercer funciones de la defensa de la legalidad y los intereses sociales sin depender de instrucciones de otros poderes del Estado”. Paralelamente, la autarquía financiera “implica la libertad para planificar y ejecutar la asignación de los recursos presupuestarios”. Por ello, argumentó que “es fundamental que el Ministerio Público posea presupuesto propio” para lograr una mayor independencia en la gestión.
Para 2026, el funcionario adelantó que se proyecta el “fortalecimiento de las investigaciones complejas” con la reglamentación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales Complejas. También, prevé la implementación de la Policía Judicial y la ampliación de la SAIC, dotándola de presencia en todas las circunscripciones para el análisis de evidencia digital. La incorporación tecnológica incluye software como Céllebrite UFED, XRY, y la adquisición de nuevas herramientas como GREIKI y Autopsy.
Expansión del acceso y modernización de la gestión del Ministerio Público
En materia de acceso a la justicia, Giménez detalló que el plan del Ministerio Publico para el próximo año incluye “la creación de la sede de acceso a la justicia en la Quinta Circunscripción Judicial”. Además, busca impulsar “la digitalización del acceso mediante la recepción de denuncias on-line en todas las circunscripciones”. Estas medidas buscan acercar el servicio a la ciudadanía y modernizar los canales de comunicación.
Para garantizar la seguridad en el manejo de las pruebas, aseguró que implementará “una VPN institucional desde la Fiscalía de Ciberdelitos” para el “traslado seguro de evidencia digital”. Esta iniciativa evitará el uso de soportes físicos y garantizará “su almacenamiento en servidores seguros, resguardando la cadena de custodia”. De esta manera, la modernización tecnológica y presupuestaria se presenta como un paso histórico para el Ministerio Público provincial.
