La Justicia Federal impulsó un conjunto de medidas para determinar la veracidad de la explicación que brindó Manuel Adorni respecto del origen de su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la reconstrucción de la situación económica del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el inicio de sus respectivas vidas adultas.
El requerimiento fiscal incluye la solicitud para levantar el secreto fiscal de la pareja y la realización de una verificación técnica sobre ocho direcciones de Bitcoin. La representación legal atribuye el uso de estas billeteras virtuales a operaciones previas al ingreso de Adorni a la función pública.
Para la ejecución de la prueba técnica, el fiscal pidió la comparecencia del abogado Matías Ledesma junto a un perito de parte en la sede de la Fiscalía. El representante de la defensa debe presentar el sobre cerrado y lacrado con las claves privadas correspondientes a las direcciones investigadas.
El objetivo central de la investigación radica en contrastar la justificación de la defensa respecto del origen del capital empleado desde 2014. El escrito atribuye los fondos a un ahorro familiar previo, producto de la actividad profesional de ambos cónyuges.
Por estas razones, la Fiscalía resolvió retroceder en la línea de tiempo patrimonial de la pareja para analizar su evolución económica. Pollicita consideró necesario este período de revisión “a fin de corroborar la justificación brindada” por los imputados.
La reconstrucción abarca la actividad de Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y la de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000. Este seguimiento temporal se extiende hasta el 31 de diciembre de 2011 y se suma a las actuaciones que la Justicia ya dispuso a partir de 2012.
Solicitud de levantamiento del secreto fiscal e informes de bienes
Entre las medidas centrales requeridas al juez de la causa figura el levantamiento del secreto fiscal sobre el matrimonio durante los períodos señalados. El fiscal Pollicita requirió acceso formal a la información almacenada en los registros de ARCA sobre declaraciones juradas, ingresos y condición tributaria.
La petición abarca las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, junto a sus anexos y rectificativas. La Fiscalía exigió datos de inscripciones, actividades declaradas, información de terceros, eventuales moratorias o exteriorizaciones y “todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos” en las bases del organismo.
El requerimiento judicial abarca la reconstrucción de las operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. El informe detallará fechas, montos, entidades intervinientes, destinos declarados y el resultado de las validaciones de ARCA.
En paralelo, los registros de la propiedad inmueble de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires deberán reportar todos los bienes adjudicados al matrimonio. Los informes precisarán las fechas de adquisición y transferencia, el porcentaje de titularidad, los gravámenes existentes y la información de las escrituras.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) aportará los datos de automotores y motovehículos registrados a nombre de la pareja. Las planillas deberán incluir dominios, marcas, modelos, años, fechas de altas o bajas y la existencia de prendas.
La Inspección General de Justicia (IGJ) y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas dictaminarán si alguno de los involucrados integró sociedades, asociaciones o fundaciones. El informe establecerá si actuaron como socios, accionistas, miembros de órganos de administración o apoderados.
Investigaciones sobre matriculaciones y transacciones en criptomonedas
La Fiscalía solicitó además a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires los datos de matriculación de la pareja. La respuesta oficial debe detallar títulos, números, fechas de alta, además de eventuales suspensiones o bajas.
El punto central del pedido fiscal se concentra en la operatoria de activos digitales por un monto de USD 591.544,61. Según la explicación de la defensa, Adorni utilizó ocho direcciones de Bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018.
La liquidación de esos activos constituyó, de acuerdo con la presentación de la defensa, el origen de USD 565.000 en efectivo declarados en la Rectificativa 1 de la Declaración Jurada Inicial 2023. El monto figuró asentado en el documento público bajo el rubro “venta de activos”.
Procedimiento técnico para la validación de claves privadas
Aunque la defensa aportó un informe de análisis forense on-chain y documentación notarial sobre la titularidad de las direcciones, la Fiscalía busca la comprobación directa. Por esa razón, Pollicita estableció un procedimiento con intervención de especialistas de la Policía Federal Argentina.
El especialista de la defensa deberá ingresar a las cuentas mediante billeteras de administración como Sparrow o Electrum para la función de firma o verificación de mensajes. En esa instancia, el perito consignará en cada una de las ocho direcciones un mensaje entregado por la Fiscalía en el momento.
Los técnicos de la Policía Federal realizarán una “verificación criptográfica” para validar la correspondencia de las firmas con las direcciones de Bitcoin investigadas. Todo el trámite requerirá autorización formal del juez Ariel Lijo, mientras las claves privadas permanecerán bajo custodia exclusiva de la defensa técnica.
Con información de Ámbito
