La Justicia deberá resolver si habilita la feria judicial de enero para tratar las presentaciones contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la Ley de Inteligencia Nacional. Al menos cuatro acciones fueron presentadas ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Todas incluyen pedidos de medidas cautelares urgentes para suspender la vigencia del decreto mientras se analiza su constitucionalidad.
Las fuentes judiciales indicaron que ya remitieron los expedientes a la fiscalía del fuero para que dictamine sobre la habilitación de la feria. La decisión permitirá, o no, que los planteos se tramiten durante enero. En cada presentación se solicita frenar de manera inmediata los efectos del DNU hasta que exista una definición de fondo.
El CELS cuestionó el alcance del DNU y pidió su nulidad constitucional
El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó una acción de amparo colectivo contra el decreto y reclamó que se declare su nulidad absoluta y su inconstitucionalidad. En el escrito, la organización sostuvo que la norma “amplía de manera imprecisa y genérica las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia”. Según el planteo, esa ampliación habilita “una intervención directa sobre los derechos y garantías de todas las personas que residen en la Argentina”.
El CELS planteó el amparo con carácter colectivo al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado. En la presentación se enumeran derechos presuntamente afectados, como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, la participación social y política y la igualdad ante la ley. La organización también advirtió que el decreto “no contiene ninguna consideración sobre los derechos fundamentales en juego” y calificó sus disposiciones como “ilegales, arbitrarias y desproporcionadas”.
Las demandas apuntaron al uso del DNU y a la falta de controles
Uno de los ejes centrales del reclamo se concentra en el uso del DNU para modificar la ley de inteligencia. El CELS sostuvo que el Poder Ejecutivo no acreditó una situación de necesidad y urgencia que justificara evitar el debate parlamentario. Además, el organismo señaló que el Presidente dictó el decreto “al día siguiente del vencimiento de las sesiones extraordinarias que el propio Poder Ejecutivo convocó”, y recordó que la Constitución prohíbe el uso de DNU en materia penal.
Las presentaciones también advirtieron sobre la ampliación de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Según los escritos, el decreto podría habilitar la recolección de información personal, la intervención en procesos sociales y la adopción de medidas compulsivas bajo definiciones vagas. Para el CELS, la norma “eleva el nivel de sospecha sobre toda la población” y refuerza el carácter secreto de estas actividades sin controles suficientes.
Exlegisladores y dirigentes opositores impulsaron acciones paralelas
De acuerdo a Ámbito, Junto con el amparo del CELS, se presentaron demandas de legisladores y exlegisladores nacionales. Entre ellos figuran Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido, quienes cuestionaron la constitucionalidad del decreto por la ampliación de facultades de los organismos de inteligencia. Los escritos sostienen que el DNU vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía.
Mónica Edith Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón interpusieron una de las primeras acciones. En su presentación, señalaron que el decreto viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. En paralelo, el CELS solicitó la habilitación de la feria judicial al advertir que se trata de un asunto que “no admite demoras” por la afectación actual o inminente de derechos y dejó planteada la reserva del caso federal ante una eventual intervención de la Corte Suprema.
