La investigación que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló un entramado interno que, según la fiscalía, operaba como una estructura clandestina dedicada a manipular compulsas, alterar precios y direccionar beneficios hacia droguerías determinadas. El expediente reconstruye el funcionamiento de un circuito con accesos irregulares al sistema de compras, operatorias en efectivo y vínculos entre funcionarios, exfuncionarios y operadores privados. Además, menciona conexiones políticas que alcanzan a Karina Milei, “Lule” Menem y al presidente Javier Milei, según la presentación judicial.
En el centro de la trama aparece Diego Orlando Spagnuolo, director ejecutivo de ANDIS entre 2023 y 2025. La fiscalía sostiene que Spagnuolo habilitó y condujo un “sistema irregular y fraudulento” para la compra de medicamentos e insumos de alto costo, mientras recibía beneficios económicos. A su lado operaba Daniel María Garbellini, responsable del sistema SIIPFIS, quien autorizaba usuarios y habilitaba compulsas dirigidas a proveedores seleccionados.
Sin embargo, el expediente señala que las decisiones más sensibles estaban en manos de dos operadores externos sin cargos formales. Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete aparecen mencionados como “jefes paraestatales” que impartían órdenes dentro de ANDIS y definían qué empresas podían competir, cobrar y mantenerse dentro del circuito. Atchabahian, con un antecedente en Roche, manejaba operadores internos, mientras que Calvete articulaba pagos y mantenía vínculos con firmas como INDECOMM, Profarma y Profusión.
Una red clandestina de operadores internos y externos
El funcionamiento cotidiano dependía de actores distribuidos en áreas clave. Entre ellos figura Eduardo “Pino” González, designado director en junio de 2025 y señalado como intermediario de Calvete en decisiones internas y gestiones vinculadas a pagos. En el mismo esquema se ubica Lorena Di Giorno, del área PACBI, señalada por la fiscalía como ejecutora de pagos irregulares y operadora a favor del sector privado.
Uno de los puntos más sensibles apunta al acceso desde afuera al sistema SIIPFIS, que regula cada paso de las compras. La acusación detalla que Luciana Ferrari, exempleada de Roche y ex ANDIS, accedía con credenciales que le otorgaba Garbellini, agrupaba tickets y modificaba plazos desde fuera del organismo. El expediente también identifica a Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias, como ejecutor de órdenes de Garbellini para direccionar expedientes.
Las droguerías beneficiadas
El circuito habría favorecido sistemáticamente a un grupo acotado de empresas proveedoras de medicamentos e insumos. Las droguerías mencionadas son:
- Profarma S.A., vinculada a Calvete, Ruth Lozano y Federico Santich.
- Profusión S.R.L., del mismo entramado societario.
- Génesis S.A., dirigida por Andrés Arnaudo, con incidencia de Patricio Rama y Atchabahian.
- New Farma S.A., presidida por Silvana Escudero y relacionada con Rama y Calvete.
- Floresta S.A., conducida por Alejandro Fuentes Acosta y señalada como una de las más beneficiadas.
El dictamen indica que estas firmas se alternaban compulsas “especiales” y recibían adjudicaciones con sobreprecios y condiciones preferenciales.
Cuáles son los cargos imputados
La fiscalía solicitó indagatorias y, en algunos casos, detenciones por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública. La hipótesis sostiene que existía una organización con jerarquías definidas y beneficios económicos directos.
El documento judicial advierte que la causa expone un funcionamiento paralelo dentro de ANDIS que, de confirmarse, revelaría una de las tramas de corrupción más graves vinculadas al sistema de salud y asistencia social de los últimos años.
