La Justicia de Brasil ordenó este jueves la prisión preventiva para la abogada argentina Agostina Páez, quien está detenida por realizar gestos racistas contra trabajadores de un bar en Río de Janeiro. La joven de 29 años enfrenta la imputación por el delito de injuria racial, un cargo que contempla una pena de entre dos y cinco años de cárcel.
El Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro accedió al pedido formulado por la fiscalía, que había solicitado la medida cautelar más severa. Los fiscales argumentaron que existía un riesgo concreto de fuga y la posibilidad de que la imputada intentara intimidar a los testigos y a las víctimas del caso.
La resolución judicial, a la que pudo acceder este medio, fundamentó la decisión con claridad. “La imputada en libertad, en el presente momento, generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal”, sostuvo el documento oficial. Los magistrados agregaron que Páez podría abandonar el país, lo que acarrearía consecuencias muy perjudiciales para establecer la verdad en el proceso.
Entre los argumentos clave que presentaron los fiscales, destacaron la conciencia de la gravedad que habría tenido una de las mujeres que acompañaba a la abogada. Según la acusación, esta persona intentó evitar que Páez continuara realizando los gestos ofensivos, un detalle que demuestra el carácter deliberado de los actos.
Los relatos de las víctimas, que trabajaban como mozos en el establecimiento, fueron corroborados de manera integral por las declaraciones de otros testigos. Las investigaciones también incluyeron el minucioso monitoreo de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, las cuales respaldaron la denuncia inicial.
El detalle de la denuncia contra la abogada en Brasil
La denuncia judicial detalla que los hechos racistas no se limitaron al interior del bar. Según la acusación, Páez continuó con sus ofensas incluso después de salir al exterior del local, donde los propios empleados agredidos le advirtieron que su conducta constituía un delito en el territorio brasileño.
A pesar de recibir esa advertencia explícita, la abogada habría ingresado nuevamente al bar para dirigirse de manera despectiva a la cajera. Los fiscales sostienen que en ese momento la llamó “mono” mientras realizaba gestos que simulaban al animal, agravando así su situación legal.
La Policía Civil de Río de Janeiro dio por concluida la investigación el pasado 23 de enero, tras considerar que existían pruebas suficientes para fallar a favor de los trabajadores afectados. El organismo consideró que la evidencia reunida demostraba de manera contundente la responsabilidad de la acusada.
Los fiscales afirmaron en su presentación que los actos de Páez “extrapolaron cualquier contexto de discusión o malentendido”. Los representantes del Ministerio Público subrayaron que la conducta de la abogada golpeó directamente a las víctimas de manera “peyorativa y discriminatoria”, configurando claramente los delitos por los cuales ahora enfrenta una prisión preventiva.
