La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria solicitada por Burford Capital, principal demandante contra Argentina en el caso por la expropiación de YPF. Burford había logrado en primera instancia un fallo de la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a pagar unos USD 18 mil millones. Sin embargo, en marzo recibió un fallo adverso que lo dejó como el gran perdedor de una disputa que lleva más de diez años.
El bufete inglés, que cotiza en Nueva York y Londres, pidió al pleno de la Cámara que revisara la sentencia. No quería limitarse a los tres jueces que fallaron en su contra: Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson. En un fallo breve, firmado por la secretaria del tribunal Catherine O’Hagan Wolfe, la Cámara rechazó lo que se denomina apelación “en banc”. Se trata de un recurso que solo se acepta en casos excepcionales.
Ahora, Burford solo podrá apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos y, como adelantó, recurrir al Ciadi, el tribunal del Banco Mundial para disputas de inversión. “Tras esta decisión, Burford tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en EEUU: un pedido de revisión a la Corte Suprema (virtualmente cero chance de que eso prospere)”, explicó en X el exsubprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.
En este sentido, el presidente de YPF, Horacio Marín, celebró la decisión: “Este fallo nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar exportaciones y posicionar a Argentina como proveedor confiable de energía”. Además, destacó que evita un pago de USD 16 mil millones más intereses.
Impacto bursátil tras el fallo
Por otro lado, la Procuración del Tesoro de la Nación, dirigida por Sebastián Amerio, afirmó que el fallo es “un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina”. En tanto, subrayó que representa “un hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional”.
Burford, por su parte, había calificado el fallo de marzo como “muy decepcionante” y anunció que evaluaba acudir a la Corte Suprema y al Ciadi. Sus acciones se desplomaron más de 43% tras conocerse la decisión, reduciendo su capitalización de USD 3.500 millones a USD 809 millones.
La Cámara aplicó la ley argentina y concluyó que la Ley de Expropiación de 2012, aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner, prevalece sobre el estatuto de la empresa. En este sentido, los jueces señalaron que las reclamaciones de los accionistas “no son admisibles conforme al derecho argentino”.
