En pleno cierre del año y con el Presupuesto 2026 en debate, el Gobierno nacional profundiza el ajuste sobre las provincias. En noviembre, las transferencias no automáticas —fondos discrecionales enviados por fuera de la coparticipación— marcaron uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas: apenas $2,2 billones en lo que va del año, según un informe de la consultora Politikon Chaco. El dato consolida una tendencia de recorte que se acelera tras las elecciones, cuando el Ejecutivo dejó de girar Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene la reducción de gastos para alcanzar la meta fiscal del año, equivalente al 1,3% del PBI. La mayor parte del presupuesto indexado por inflación —como jubilaciones— restringe el margen de maniobra, por lo que el recorte se concentra en áreas flexibles: salarios, subsidios, programas sociales y, especialmente, envíos a las provincias. Aun así, el objetivo se mide en pesos y no como proporción del producto, lo que mantiene al Gobierno dentro de los parámetros acordados con el FMI.
En noviembre, las transferencias discrecionales cayeron 32,3% interanual en términos reales y sumaron solo $155.849 millones, el peor registro para ese mes desde 2005. Es el cuarto descenso consecutivo y profundiza la tensión con gobernadores, mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre el país buscando apoyo legislativo para el próximo presupuesto.
Uno de los datos más llamativos del mes es la fuerte caída de fondos hacia la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la cautelar de la Corte Suprema que obliga al envío de recursos por el conflicto de la coparticipación, los giros a CABA se redujeron 64% real respecto a noviembre del año pasado y totalizaron $48.627 millones.
Entre los desembolsos realizados en noviembre, se destacan: el cumplimiento de la medida cautelar a favor de CABA por $40.000 millones; la universalización de la jornada extendida, con $22.212 millones distribuidos entre 18 jurisdicciones; incentivos a la producción de gas natural por $18.266 millones; el funcionamiento de hospitales en Buenos Aires, CABA y Santa Cruz por $17.019 millones; y transferencias a cajas previsionales de Córdoba y Entre Ríos por $11.000 millones. El resto de las actividades sumó $47.352 millones.
Sin embargo, lo más significativo es la ausencia total de ATN, fondos de altísima discrecionalidad usados tradicionalmente para asistir a provincias en situaciones de urgencia política o económica. Con las elecciones ya concluidas, los envíos quedaron en cero. A partir de 2026, además, estos aportes quedarán prácticamente sin margen de arbitrariedad: una nueva ley obliga a distribuir automáticamente el 1% de la recaudación destinado al fondo, estimado en unos $2 billones anuales a valores actuales.
En un contexto de ajuste acelerado y caída de envíos federales, la discusión sobre el Presupuesto nacional 2026 y la relación Nación-provincias se vuelve uno de los ejes centrales para lo que resta del año político.
