Demian Ernesto Reidel, hombre de confianza del presidente Javier Milei y extitular de Nucleoeléctrica, quedó en el centro de una causa penal. La Justicia Federal lo imputó por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados al uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal.
El detalle de los gastos salió a la luz en un anexo del informe de gestión que presentó el jefe de gabinete Manuel Adorni ante el Congreso. Allí se mezclan consumos relacionados con la actividad de la empresa estatal con gastos realizados en discotecas, peluquerías, servicios de playa, free shops y casas de ropa femenina. Además, se registraron más de 400 adelantos de efectivo por $56 millones.
La investigación está a cargo del fiscal federal Ramiro González y alcanza también a otros integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados a la cuenta N° 338402 de Nucleoeléctrica Argentina SA. Los movimientos se realizaron entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
El dictamen que imputó a Reidel habla de “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización de fondos públicos. En este sentido, la lista de posibles delitos incluye administración fraudulenta en perjuicio del Estado, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones y el incumplimiento de deberes de funcionario público.
Investigación en marcha sobre consumos cuestionados con tarjeta corporativa
El requerimiento de instrucción también involucró a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos. Además, se cuestiona la falta de rendiciones documentadas sobre el destino institucional de cada operación.
La causa se inició por impulso de la diputada nacional Marcela Pagano y tomó fuerza tras la difusión del “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina SA — Cuenta N° 338402”. El documento había sido incorporado en Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la diputada Florencia Carignano.
El informe incluía fechas, descripciones e importes en pesos y dólares de consumos durante casi un año. Según el dictamen fiscal, “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”. En tanto, González subrayó que la documentación no identificaba al usuario responsable de cada operación ni precisaba si se trataba de un único plástico o de tarjetas adicionales.
Hace una semana, cuando estalló el escándalo, Reidel escribió en sus redes sociales: “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada”. En esta línea, agregó que intentar asignárselos “es mala fe absoluta” y pidió que se investigue “hasta el último peso”.
