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La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a Nación a aplicar la ley de Financiamiento Universitario

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Llega tras el acuerdo entre Nación y universidades que destrabó un conflicto de dos años.

La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves mantener la cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. El fallo llega tras el acuerdo entre Capital Humano y las universidades, por lo que no generará un impacto económico adicional. En este sentido, representa un aval a la legislación y al Parlamento.

Al rechazar el recurso de Nación por falta de sentencia definitiva, se sostienen la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. A principios de mes, el ministerio que conduce Sandra Pettovello firmó un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo. Además, ese entendimiento puso fin a más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que recién este jueves tuvo su cierre.

El acta fue suscripta por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Asimismo, la cartera nacional informó que el acuerdo establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.

Resolución de la Corte

La causa se originó en una acción de amparo colectivo impulsada por representantes del CIN y distintas universidades nacionales. En esta línea, la Corte dejó firme la medida de la justicia contencioso administrativa federal que había ordenado al Gobierno cumplir de inmediato una parte de la ley, antes de resolver el fondo de la cuestión.

Esa orden alcanzó a los Artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todos los programas estudiantiles.

Antes de la resolución del máximo tribunal, el Gobierno nacional había vetado la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso insistió en su sanción y, una vez promulgada, el Ejecutivo subordinó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento. En este sentido, después del fallo de la Cámara, el Estado recurrió ante la Corte, que este jueves rechazó el planteo.

Foto de portada por Sixto Fariña.

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