La crisis económica y laboral en Argentina crece desde fines del 2023. Está marcada principalmente por la combinación de la caída del consumo, aumento de costos, repliegue de inversiones y la apertura de importaciones, que intensificó la competencia sobre la producción local.
Al respecto, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalaron que en los últimos dos años se registró una pérdida de 223.796 puestos de trabajo formales. Y también se produjo el cierre de 19.164 empresas en todo el país. Entre las más afectadas se encuentran las pequeñas y medianas firmas, responsables de buena parte del empleo.
La compleja situación también se refleja en los indicadores del INDEC, que sitúa la caída del PIB de 2024 en un 1,7%. También en los datos de la UCA, que alertó sobre un sostenido aumento de la pobreza, especialmente entre la población infantil.
El impacto de la crisis se percibe en sectores que tradicionalmente sostienen la actividad económica. La industria y la construcción han encadenado meses de retracción, con plantas que interrumpen turnos, reducen líneas de producción o directamente dejan de operar. La suspensión temporal de 2.300 trabajadores en Mondelez, el cierre de la planta de Whirlpool en Pilar y los ajustes aplicados por Electrolux son algunos de los casos que ilustran la tensión que atraviesan las empresas a nivel nacional.
La situación se agrava con la retirada o reducción de operaciones de varias compañías internacionales. La salida de grandes marcas amplifica la pérdida de empleo y contribuye a un proceso de desindustrialización que afecta a provincias enteras.
Áreas más afectadas por la crisis económica y laboral
Por su parte, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indica que las áreas más afectadas por los cierres en lo que va de la era Milei fue la construcción. Junto a la industria manufacturera, el comercio y sector público.
El impacto negativo sobre la construcción se dio, en primer lugar por la decisión política de Javier Milei de detener la obra pública que dependía del Estado nacional. Pero también porque el costo de las operaciones en el sector privado no hizo más que aumentar.
En esas áreas se notó la disminución de la cantidad de “unidades productivas”, que son descritas por la SRT como “entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios”.
