La Cámara Federal de Casación Penal decidió que Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar bajo el régimen de prisión domiciliaria con control electrónico. Además, seguirá vigente la obligación de pedir autorización para recibir visitas fuera de la lista previamente aprobada.
La resolución judicial confirma dos puntos centrales del control: la tobillera electrónica y el sistema de visitas limitadas. La defensa de la ex presidenta había solicitado que se revisaran estas medidas, pero la mayoría del tribunal consideró que son necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.
El fallo fue emitido por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Hornos y Barroetaveña votaron a favor de mantener las restricciones. Borinsky, en cambio, planteó su disidencia y argumentó que la vigilancia electrónica no sería indispensable, ya que Kirchner cuenta con custodia permanente de la Policía Federal.
El fiscal Mario Villar también intervino en la causa. Durante una audiencia pública, retiró su pedido para revocar la prisión domiciliaria, tras considerar que Kirchner cumple con los requisitos y que ya no existen las condiciones para endurecer la pena.
La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner podría ser revisada
Los magistrados recordaron que la prisión domiciliaria de la expresidenta es una forma excepcional de cumplimiento penal, siempre bajo supervisión judicial. Señalaron que puede ser revisada si las circunstancias cambian, pero por el momento las condiciones no justifican modificaciones.
En la resolución, los jueces remarcaron que las visitas de familiares, abogados y médicos están permitidas sin restricciones, y que la ampliación del listado de visitas es un trámite accesible. Afirmaron que no se vulneran derechos, sino que se equilibra el cumplimiento de la pena con la protección legal.
La tobillera electrónica, avalada por la Ley de Ejecución Penal
También aclararon que el uso de tobillera electrónica es la regla desde la reforma de la Ley de Ejecución Penal. Solo puede ser evitado con informes técnicos que lo desaconsejen, cosa que no sucede en este caso.
Por último, señalaron que el domicilio de cumplimiento no cambiará. Afirmaron que la ubicación actual está dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, que cualquier decisión sobre el uso del espacio público no corresponde al Poder Judicial, sino a las autoridades porteñas.
