La Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad. Allí, se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implica que queda firme la condena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.
Ahora el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá resolver sobre las condiciones de detención de la ex mandataria y de los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López. Es muy probable que en el caso de Cristina Kirchner, el TOF 2 resuelva concederle el beneficio del arresto domiciliario por contar con más de 70 años. Además, no podrá participar de las elecciones legislativas donde planeaba competir por una banca provincial.
Posibles pasos de Cristina Kirchner ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Cristina Fernández de Kirchner llevará la causa Vialidad ante tribunales y organismos internacionales, según anticiparon desde el entorno de la ex presidenta a Infobae. A partir de hoy, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó su condena, tiene seis meses para elevar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las instancias legales a nivel nacional culminan con el pronunciamiento de la Corte Suprema. Cuando los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron la condena de la ex mandataria, empezó a correr un plazo de seis meses para que su defensa eleve una petición ante la CIDH -en Washington, Estados Unidos- contra el Estado argentino.
La Comisión primero debe decidir si acepta el caso. De hacerlo, se estudiará la supuesta violación a los derechos humanos que denunciará la presidenta del Partido Justicialista. La CIDH no puede dar vuelta directamente la decisión de la Corte Suprema. Sí tiene la capacidad de hacer una recomendación de revisión de un fallo.
También tiene la posibilidad de elaborar un informe con sus conclusiones sobre el caso, y extender sugerencias para hacer reparaciones o cambios en las leyes locales. Si el Estado argentino desestimara esas recomendaciones, luego de tres meses la Comisión puede remitir las actuaciones a la Corte Interamericana.
