El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó abrir una investigación judicial para determinar si existió una supuesta operación ilegal de inteligencia que habría grabado conversaciones privadas de funcionarios, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, aclaró que la pesquisa no podrá hurgar en las fuentes periodísticas ni allanar domicilios sin una orden judicial fundada.
Stornelli respondió a un pedido del abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien había solicitado el allanamiento del canal de streaming Carnaval y de los domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio, tras la publicación de audios atribuidos a Diego Spagnuolo y la hermana del Presidente.
En su dictamen, el fiscal describe que la denuncia del Poder Ejecutivo señala la captación y difusión ilegal de audios privados mediante prácticas de espionaje, manipulaciones y difusión clandestina. La denuncia sostiene que el objetivo sería desacreditar al gobierno, influir en la opinión pública, afectar indicadores económicos, interferir en elecciones legislativas y generar una crisis política.
El escrito oficial también menciona la posible participación de la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación y señala que algunos periodistas habrían intentado chantajear a los funcionarios espiados. Además, se indica que las grabaciones podrían haber alcanzado a funcionarios de alto rango y lugares bajo jurisdicción nacional, lo que justifica la intervención del juzgado federal.
El fiscal infiere que los audios fueron difundidos de manera dolosa y clandestina, reforzando la hipótesis de una operación de inteligencia ilegal que excede el caso puntual de los audios de Karina Milei y que podría integrar una maniobra más amplia.
