El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento” en la Dirección Nacional de Vialidad. El gremio atribuyó esa situación al nuevo organigrama que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pese a que el Congreso rechazó el decreto que disolvía el área. Por ese motivo, la organización sindical declaró el “estado de alerta máxima”.
Según el sindicato, un informe interno describió una “reorientación institucional” que implicará abandonar la ejecución de obras y tareas operativas. En consecuencia, el organismo quedará reducido a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones. Además, advirtió que el Estado dejará de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, lo que consumará “un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.
Frente a ese escenario, el gremio envió una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. Allí solicitó que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.
Asimismo, dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”. También responsabilizó personalmente a los funcionarios por las consecuencias institucionales y laborales.
El deterioro vial de las rutas nacionales
En esa línea, la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, afirmó que el caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”. Además, agregó: “Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”.
Cabe recordar que el Congreso rechazó en agosto del año pasado el decreto 461/2025 que determinaba la disolución de Vialidad Nacional y otros organismos. Sin embargo, el Gobierno avanzó esta semana con el llamado a licitación pública para concesionar la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, que autorizó el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, abarcó más de 2500 kilómetros en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Por otra parte, un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, que preside Julio Aralde, advirtió que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo. El documento, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial”, señaló que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes.
