El Gobierno nacional ordenó la desvinculación de funcionarios en la Procuración del Tesoro tras detectar supuestas filtraciones de información sensible relacionada con la causa que enfrenta el Estado argentino por la estatización de YPF. La sospecha de una posible venta de datos estratégicos encendió las alarmas en el Ejecutivo, que prepara una profunda reestructuración dentro del organismo que representa legalmente al país.
La reacción se produjo luego de detectar maniobras inusuales en el manejo interno de información vinculada a litigios judiciales. Así lo revelaron fuentes del Ejecutivo nacional, que sostuvieron: “Creemos que hubo venta de información”. Según detallaron, durante las últimas semanas circularon datos reservados sobre la estrategia legal del Estado sin autorización del alto mando. Esta dinámica generó malestar en la Casa Rosada, que decidió intervenir de inmediato.
Tras las filtraciones en la causa YPF, el gobierno activa una limpieza a fondo
El área se encuentra a cargo de Santiago Castro Videla, quien llegó a la gestión libertaria con el respaldo del entorno de Santiago Caputo. Desde el oficialismo admitieron que el Procurador avanzará con una reestructuración interna para “purificar” el organismo. “El Procurador Castro Videla está haciendo una purga, estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, afirmaron fuentes oficiales.
La controversia se produjo horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) comunicara su intención de intervenir nuevamente como amicus curiae en defensa de Argentina ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. La postura norteamericana sostiene que el reclamo de Burford Capital, que exige al Estado argentino la entrega del 51% de las acciones de YPF, viola normas internacionales de inmunidad soberana.
“Exigir a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana”, afirmó el documento oficial presentado por David E. Farber, asistente del fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
El planteo legal se inscribe en el marco de una disputa judicial iniciada en 2012, cuando Burford Capital inició el litigio por la expropiación de YPF. En 2023, la jueza Loretta Preska falló a favor del fondo y condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares. Hace diez días, Preska ordenó además el traspaso de las acciones estatales de la petrolera, pese al rechazo expresado por el Gobierno estadounidense.
La administración libertaria busca revertir ese escenario mediante una estrategia internacional. A través de Cancillería y la Procuración del Tesoro, intenta que otros países se sumen como amicus curiae. Según trascendió, algunos de los estados que evalúan respaldar la postura argentina son Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania.
El impacto del respaldo estadounidense
El respaldo de Estados Unidos no resulta novedoso. En octubre del año pasado, durante la presidencia de Joe Biden, el fiscal Damian Williams ya había recomendado a la jueza Preska rechazar el pedido de Burford. Entonces, la argumentación oficial también se basó en las normas de inmunidad soberana y la falta de competencia de los jueces estadounidenses para ejecutar bienes de otros estados.
A pesar de estos antecedentes, Preska ignoró las recomendaciones y falló en contra de Argentina. Este antecedente genera cautela en el Gobierno, ya que los amicus curiae no resultan vinculantes, como también sucedió con el fallecido juez Thomas Griesa durante la disputa con los fondos buitre en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El analista y CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, evaluó en su cuenta de X que la intervención del DOJ busca influir en la Corte de Apelaciones para que frene la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación. No obstante, aclaró que ese respaldo no incluye por ahora la totalidad del fallo ni la orden de entrega de acciones de YPF.
Mientras tanto, la causa desató una tormenta política interna. La Casa Rosada mantiene bajo reserva el contenido de las filtraciones, aunque sospecha que la información pudo beneficiar a Burford o a otros actores involucrados en el proceso. Con la purga interna en marcha, el oficialismo intenta blindar la estrategia legal del Estado y frenar una pérdida millonaria en el exterior.
