El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a poner en agenda la tensión entre propietarios e inquilinos que afecta al mercado de alquileres en Argentina. La iniciativa propone reducir a tres días el plazo de intimación por falta de pago en los contratos de locación. Asimismo, el texto busca avanzar con desalojos más rápidos a través de procesos sumarísimos, lo que implica un cambio profundo en la dinámica contractual.
Desde el sector de los locatarios, la abogada especializada Ludmila Mazzoni Amado cuestionó el espíritu de la nueva normativa. Aseguró que “inclina la balanza hacia los propietarios” y no contempla la realidad de quienes alquilan en el país. Uno de los puntos más criticados radica en la posibilidad de ejecutar desalojos sin sentencia firme durante el proceso judicial. “Se puede avanzar con la desocupación mientras el proceso sigue en curso, lo que debilita garantías básicas de defensa“, explicó.
La experta también advirtió que el proyecto no distingue entre una usurpación y un conflicto contractual entre partes. Según su visión, este escenario profundiza la inestabilidad y dificulta sostener un contrato en el tiempo debido a la falta de protección legal. Por su parte, la abogada Lucía Otegui consideró que el proyecto presenta “aspectos controvertidos” y podría generar conflictos jurídicos a futuro. Puso el foco en la flexibilización en materia de tierras, lo cual “puede implicar riesgos en términos de soberanía y acceso“.
El abogado Javier Antebi, también experto en derecho inmobiliario. Señaló que la propiedad privada ya está protegida por la Constitución y planteó dudas sobre el alcance de nuevas regulaciones. “No está claro hasta dónde se puede avanzar sin afectar otros derechos”.
© Foto de portada: archivo Sixto Fariña
