El Gobierno de Tierra del Fuego recibió un duro revés judicial en el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia. El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el amparo presentado. La provincia había solicitado una medida cautelar urgente contra la decisión del Poder Ejecutivo nacional. Sin embargo, el tribunal desestimó el planteo formulado por el gobierno fueguino.
La resolución se conoció este jueves 29 de enero. En ese marco, el juzgado sostuvo que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”. Además, el tribunal pidió que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado. El objetivo apunta a definir el encuadre del conflicto institucional planteado.
El enfrentamiento involucra al gobierno provincial, encabezado por Gustavo Melella, y a la administración nacional que preside Javier Milei. La disputa gira en torno a la intervención portuaria. Según fuentes judiciales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal realizó otros requerimientos relevantes. Entre ellos, solicitó que la fiscalía defina la legitimación del gobernador.
La Justicia busca determinar si Melella se encuentra habilitado para presentarse en la causa. Según el planteo, esa función correspondería a la Fiscalía de Estado provincial. Asimismo, el tribunal exigió a Emiliano Fossatto la gestión de la matrícula federal. El secretario Legal y Técnico provincial necesita ese requisito para actuar en la Justicia Federal.
En paralelo, el gobernador expresó su rechazo público a la intervención del puerto. A través de su cuenta de X, Melella difundió un extenso descargo político. En ese mensaje, vinculó la decisión nacional con un presunto acuerdo internacional. “Todo es sospechoso y genera más dudas. Sobre todo en este contexto donde se ha dado un desencadenamiento de hechos donde se vincula tanto al gobierno de Estados Unidos con nuestro Gobierno Nacional y en este toma y da por algunas cuestiones”, expresó.
Luego profundizó sus cuestionamientos a la medida. “Entendiendo que la intervención es ilegal, es irracional, no tiene ningún tipo de fundamento ni de sentido, porque esa es la verdad”, afirmó. También planteó dudas sobre los motivos reales de la decisión nacional. “¿Cuál es el verdadero motivo detrás de esto?”, se preguntó en su publicación.
En ese sentido, mencionó posibles intereses económicos o geopolíticos. “Podrá ser algún negociado que uno quiera o realmente tiene que ver con una cuestión geopolítica”, agregó. Más adelante, el gobernador remarcó el valor estratégico del territorio fueguino. Afirmó que la provincia ocupa un lugar clave en el Atlántico Sur.
“Tierra del Fuego tiene un lugar estratégico que valora el mundo entero menos nosotros los argentinos”, sostuvo. Además, vinculó esa situación con intereses internacionales. El Gobierno nacional, por su parte, justificó la intervención del Puerto de Ushuaia por razones administrativas. La medida se oficializó el 22 de enero.
Los considerandos del Gobierno nacional para intervenir el Puerto en Tierra Del Fuego
La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención por 12 meses. El texto se publicó en el Boletín Oficial. Según los considerandos, la decisión busca corregir fallas de infraestructura y problemas financieros. La ANPyN detectó un déficit de inversión en la terminal.
El organismo señaló que la provincia utilizó fondos del puerto para otros fines. En particular, mencionó el uso del superávit para financiar la OSEF. Esa decisión incumplió el convenio de transferencia vigente. Dicho acuerdo obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.
Además, una inspección técnica de 2025 detectó deterioro estructural. Los informes mencionaron muelles dañados y sistemas contra incendios obsoletos. La resolución también dispuso la suspensión de la habilitación del puerto por un año. Sin embargo, la sanción quedó diferida.
El objetivo consiste en no interrumpir la temporada de cruceros 2025-2026. También se busca garantizar el abastecimiento de la región. Mientras tanto, la intervención administrativa rige de manera inmediata. La medida alcanza a las instalaciones, la maquinaria y la gestión de fondos.
Para ejecutar la intervención, la ANPyN solicitó colaboración a la Administración General de Puertos. El conflicto ahora continúa en el plano judicial y político.
