Apuntan a ocupar las vacantes en la Corte Suprema, fiscalías y juzgados. El kirchnerismo tiene los votos para bloquear cualquier iniciativa libertaria, por lo que están obligados a consensuar para cubrir los cargos en la Justicia.
El Gobierno nacional tendrá que negociar con Unión por la Patria si quiere acelerar los nombramientos de los distintos cargos judiciales. Quienes tienen a cargo esas tareas son, mayormente, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y su principal alfil judicial, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
La reciente detención de Cristina Kirchner no debería ser un impedimento para que después de los comicios inicien las primeras conversaciones. “Les interesa el mundillo judicial y van a querer que se activen las negociaciones”, afirma un integrante del Gobierno.
De todos los cargos vacantes o en disputa, la Casa Rosada mira con especial énfasis a los jueces de la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación. Menos conocido, este último cargo comenzará a tener una importancia mayor a la que tenía hasta hace algunos meses. El procurador es quien lidera el Ministerio Público Fiscal y es el jefe de los fiscales. Tiene potestad para decidir sobre las postulaciones, remociones y el accionar de estos.
En ese marco, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, impulsa la implementación del Sistema Acusatorio. Este empodera el rol de los fiscales y hace que automáticamente sean quienes tengan el poder de investigación en las causas, entre otros aspectos.
El próximo paso será Comodoro Py
El Código Procesal Penal Federal ya se implementó en 12 provincias y la próxima parada son los tribunales de Comodoro Py. “Nos sorprendió que la mayor resistencia la tuvimos en los fiscales y no en los jueces”, afirma una fuente judicial libertaria. Explicó que la queja de ese sector proviene por los fondos y los recursos que hacen falta para poder incrementar su capacidad ociosa.
“No entendemos las presiones. Queremos un cambio histórico para el país y la Justicia. Les dimos recursos, salas de audiencias con tecnología, computadoras último modelo, un UFED [Universal Forensic Extraction Device] por distrito y más de 5000 m² de la ex ESMA para sus nuevas oficinas. También les haremos una propuesta de equilibrio de personal progresivo, respectando derechos y sueldos o contratos”, comenta una altísima fuente a Infobae.
En el Gobierno perciben “hostilidad” de parte de aquellos que se oponen. Temen un amparo que pueda demorar la vigencia del sistema, que tiene fecha a partir del 11 de agosto. El nuevo sistema implicaría que en segmentos vitales de los procesos judiciales deban estar presentes y no puedan hacer homeoffice. Un aspecto que parece menor, pero que sería fundamental en la oposición de los fiscales.
Podían delegar la investigación a los fiscales
Los jueces tenían automáticamente la potestad de juzgar e investigar y solo, si querían, le podían delegar toda la investigación a los fiscales. Un ejemplo es el caso $LIBRA, en el que María Servini delegó la causa a Eduardo Taiano. En síntesis, el procurador tendrá un poder real mayor del que tenía antes. Esto hace más jugosa la negociación por ese cargo que actualmente ostenta, aunque de manera interina, Eduardo Casal. Asumió automáticamente luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017.
Para facilitar estas tratativas, en las últimas semanas se escucharon rumores de que se puedan modificar las competencias que tiene la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Dos fuentes del Gobierno, consultadas por Infobae, rechazaron esto rotundamente. En cambio, sí se pretende buscar un candidato de consenso y que tenga perfil académico.
Tratativas por los puestos en la Justicia
El oficialismo no tiene nombres para proponer. O si los tiene, prefiere no revelarlos. Las tratativas para este puesto es considerada como “prioritaria” para algunos integrantes del Gobierno, mientras que otros la matizan. Aun así, coinciden en que “la política no puede seguir teniendo un interino y tiene que ponerse de acuerdo en tener uno efectivo”.
“El Procurador, mal que mal, es un interino y es un hombre serio y honesto“, dice un referente judicial del Gobierno, que prefiere priorizar el foco en la Corte Suprema. El oficialismo experimentó en abril pasado los rechazos de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Por lo que saben que repetir con ese mecanismo va a producir los mismos resultados.
La actual integración del Máximo Tribunal es la más reducida de América Latina. El mayor vínculo que tienen los libertarios es con el juez Ricardo Lorenzetti, uno de los artífices de la candidatura de Lijo al Máximo Tribunal.
Fuente: Infobae
