La investigación judicial que tiene bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos sumó un elemento clave. La Justicia comprobó la existencia de una estructura organizada y jerárquica dentro de la empresa, dedicada a borrar pruebas y ocultar documentación sensible antes y después de los allanamientos.
El expediente, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, avanza sobre el funcionamiento interno de la compañía. En este sentido, se analiza el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según consignó TN, entre el primero y el 11 de diciembre de 2025 se activó un protocolo de emergencia destinado a la eliminación de evidencia. El esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo y el formateo masivo de computadoras.
Una estructura jerárquica para encubrir pruebas
La reconstrucción de los hechos se basa en comunicaciones internas recuperadas por los investigadores, que exponen una cadena de mando precisa. Uno de los episodios centrales ocurrió en la madrugada del primero de diciembre de 2025, cuando la secretaria de Vallejo, Daniela Sánchez, envió instrucciones a la tesorera Micaela Sánchez.
En ese intercambio, la orden fue directa. Se pidió que un empleado identificado como Enrique “vaya a recaudar dinero” y que “Agustín” “borre las cámaras”. En la misma secuencia, se indicó que “Juan”, del área de Sistemas, “se quede en su casa”, con el fin de apartarlo de la escena.
La causa identifica a Agustín Maciel como el ejecutor de una de las órdenes más sensibles. El mismo primero de diciembre eliminó los registros fílmicos de la empresa, confirmando la hipótesis del borrado de seguridad.
La investigación también señala el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien ordenó a “Juan Soler” ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar programas. El objetivo era inutilizar los sistemas informáticos para impedir el rastreo de operaciones financieras.
Días después, el 6 de diciembre, un chat entre la cajera Cecilia y la tesorera Micaela Sánchez reveló la existencia de cuadernos ocultos. “Dos cuadernos. Están bien guardados”, escribió Cecilia, confirmando la contabilidad paralela fuera del circuito formal.
La operación continuó hasta el 11 de diciembre, cuando Sánchez avisó que “en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito”. El retiro de hardware y celulares buscaba ponerlos fuera del alcance de los investigadores.
Procesamientos y defensas en torno a Ariel Vallejo
En paralelo, el jefe de choferes, Rolando Soloaga, mencionó que montarían guardias en el estacionamiento y retirarían ploteos de las camionetas. Al respecto, se coordinaron tareas de limpieza para evitar rastros.
Ese mismo día, un vecino alertó a la fiscalía sobre una mudanza rápida hacia un galpón en Turdera. Al allanar el lugar, la Policía Federal encontró cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. Allí detuvieron a Micaela Sánchez intentando ocultar celulares.
Como consecuencia, el 23 de diciembre el juez Armella procesó con prisión preventiva —bajo arresto domiciliario— a Sánchez y a los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los acusó de “encubrimiento agravado” por intentar destruir pruebas de un delito mayor.
Desde el entorno de Vallejo se desmarcaron de las acusaciones. “Menos aún después del allanamiento, porque se llevaron todo”, argumentaron. La defensa sostiene que los empleados pudieron actuar por cuenta propia, amparados en la prohibición de autoincriminación.
Estas evidencias se suman a un expediente voluminoso por lavado de activos. La Justicia investiga préstamos inflados, movimientos millonarios de efectivo sin justificar y el uso de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones.
