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La familia de Diego Fernández Lima pidió ampliar la búsqueda en la casa de Coghlan

La familia de Diego Fernández Lima pidió nuevas pericias en Coghlan con georradar, para esclarecer el hallazgo tras casi cuatro décadas.

La familia de Diego Fernández Lima, el joven desaparecido en 1984 y hallado en mayo pasado enterrado en una vivienda de Coghlan, solicitó nuevas medidas para avanzar en la investigación. Los abogados querellantes pidieron que se utilice un georradar en el jardín de la propiedad con el fin de detectar restos óseos adicionales.

El pedido fue presentado por los letrados Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady, representantes de Javier Fernández, hermano de la víctima. Ambos requirieron que las fuerzas de seguridad, en particular Gendarmería Nacional, participen de la inspección. Según argumentaron, la tecnología del georradar podría revelar si existen elementos todavía ocultos en el terreno ubicado en avenida Congreso 3742.

A la búsqueda de respuestas sobre Fernández Lima

Además, los abogados reclamaron al Ministerio Público Fiscal una serie de medidas orientadas a reconstruir cómo terminó Fernández Lima sepultado en el domicilio. El planteo incluye entrevistas a vecinos de la zona, un informe socioambiental de la familia Graf, el relevamiento de planos catastrales de la manzana y la consulta sobre registros de actividades comerciales en la propiedad. También solicitaron identificar a la persona que realizó el llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo, con el objetivo de que declare como testigo.

La presentación recayó en la fiscalía de Martín López Perrando y se produjo en un momento clave para la causa. La defensa de Cristian Graf, dueño actual del inmueble y ex compañero de colegio de la víctima, reclamó el sobreseimiento por prescripción. Sin embargo, la querella se mantuvo firme en su postura y ratificó que agotará todas las vías de investigación disponibles.

El caso de Fernández Lima tiene un trasfondo de casi cuatro décadas. El joven desapareció el 24 de julio de 1984, cuando salió de su casa en Villa Urquiza rumbo a un encuentro con un amigo. La denuncia se radicó ese mismo día, pero la investigación policial consideró que se trataba de una “fuga de hogar”. Desde entonces, la familia inició una búsqueda por sus propios medios, sin resultados concretos durante años.

El giro en la investigación llegó en mayo de este año. Obreros que trabajaban en la construcción de una medianera hallaron un esqueleto bajo tierra en el jardín de la vivienda de Coghlan. Junto al cuerpo aparecieron objetos personales que facilitaron la identificación: una moneda japonesa, un reloj Casio, la hebilla de un cinturón y una corbata de colegio, entre otros elementos.

Los investigadores señalaron que en ese mismo terreno residía Graf, aunque entre él y la víctima nunca existió una relación de amistad cercana. Pese a ello, resultó ser uno de los últimos en cruzarse con Diego antes de la desaparición. Hasta ahora, el juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, rechazó el pedido de indagatoria solicitado por la querella.

Graf, por su parte, negó cualquier vínculo con el hecho y rechazó las acusaciones. En declaraciones televisivas afirmó desconocer cómo aparecieron los restos en su propiedad. “No sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí”, aseguró. Cuando le preguntaron si le habían “plantado un muerto en su casa”, respondió: “La verdad que sí. De una forma u otra está. Pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible”.

El propietario agregó que desconoce las razones del enterramiento. “Si fue intencional o qué pasó en ese momento cuando lo hicieron, la verdad desconozco. El por qué, el lugar, todo… Es raro. Obviamente que es raro”, sostuvo.

Finalmente, Graf insistió en que nunca dudó de la inocencia de sus padres y que quienes lo conocen tampoco dudan de él. “Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está”, concluyó.

De esta forma, la causa sigue abierta y con un nuevo capítulo. La familia de Fernández Lima busca respuestas tras 41 años de incertidumbre, mientras la justicia define los próximos pasos.

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