La Justicia rechazó el pedido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y ratificó el llamado a indagatoria en la causa por presunta evasión. El expediente apunta a un monto superior a los $19 mil millones. El planteo fue presentado por los abogados de Tapia, quienes sostuvieron que no existió delito y que la deuda ya fue cancelada. Sin embargo, el juez Diego Amarante mantuvo la convocatoria para que el dirigente declare como imputado.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). El organismo acusó a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
El cronograma judicial establece que Tapia debe presentarse este jueves 5 de marzo. En este sentido, la indagatoria de Toviggino, prevista para el día siguiente, fue postergada. La resolución del juez incluyó también la prohibición de salida del país para los imputados. No obstante, días atrás Tapia solicitó autorización para viajar al exterior por tres días.
Amarante habilitó el viaje, pero fijó una caución real de cinco millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la restricción. Además, el magistrado dejó firme la citación.
Las pruebas que analiza la Justicia
Arca detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados en el plazo legal de 30 días corridos. Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025. Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593 millones, pero luego se sumaron otros $11.759 millones, llevando el total a más de $19.300 millones. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado”, argumentó el organismo.
El juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. En diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y en 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones.
Entre las pruebas figuran informes bancarios y la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control. Bouvet explicó que las autoridades principales firman los estados contables y que ella informa los vencimientos y transmite la deuda acumulada.
La defensa de Tapia insiste en que no hubo delito y que la deuda fue cancelada. En esta línea, pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez rechazó el planteo y ratificó la citación.
