La Justicia argentina solicitó a los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro, para que sea juzgado en el país. La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Ramos, quien firmó el exhorto internacional el 4 de febrero de 2026. Se da en el marco de una causa por violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en Venezuela.
El magistrado avanzó con la medida tras recibir información judicial que indica que el mandatario venezolano habría sido detenido y trasladado. Ante ese escenario, la Justicia argentina activó los mecanismos de cooperación internacional para asegurar su comparecencia en una declaración indagatoria.
El exhorto fue dirigido a las autoridades competentes de los Estados Unidos y se ampara en el Tratado de Extradición vigente entre ambos países. El objetivo es someter a Maduro a proceso penal en la Argentina, en el marco de la causa identificada como CFP 2001/2023.
La declaración indagatoria había sido ordenada por la Sala I de la Cámara Federal porteña en septiembre de 2024 y ratificada el 15 de enero. Esa instancia resulta clave para definir un eventual procesamiento en la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Los detalles de la investigación
Para evitar demoras, el juez Ramos dispuso la traducción urgente del exhorto y de toda la documentación anexa. Además, ordenó que el trámite se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, responsable de la diplomacia judicial.
La causa se sustenta en la aplicación del principio de justicia universal. La misma habilita a los Estados a juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar el lugar donde fueron cometidos ni la nacionalidad de las víctimas o de los acusados. La Cámara Federal consideró que en Venezuela no existen garantías judiciales suficientes para investigar este tipo de hechos.
La investigación se inició desde una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Democracia en la Región y la Fundación Internacional para la Libertad. A ello se sumaron testimonios de víctimas del régimen venezolano que residen en la Argentina y denunciaron torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política.
Las querellas representan a familias afectadas por el accionar de organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM, señalados como parte del aparato represivo del Estado venezolano.
En la resolución firmada este miércoles, el juez Ramos también ratificó la vigencia de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, entre ellos Diosdado Cabello. La notificación fue enviada al departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina.
Un criterio conocido en la historia
El magistrado informó además de la medida al fiscal federal Carlos Stornelli y a las querellas unificadas. En paralelo, rechazó presentaciones de terceros que no cumplían con los requisitos formales. Tiene como objetivo concentrar la acción procesal en el pedido de extradición.
El criterio aplicado en esta causa es el mismo que utilizó la Justicia argentina en antecedentes como los expedientes por los crímenes del franquismo en España o el genocidio del pueblo rohingya en Myanmar.
Con el exhorto ya remitido, la definición queda ahora en manos de las autoridades estadounidenses. Deberán evaluar la viabilidad del pedido según el tratado bilateral. Si la solicitud prospera, se abriría una instancia judicial inédita para juzgar en la Argentina las denuncias por el plan sistemático de represión en Venezuela.
