La jueza federal Carolina Pandolfi, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) “el inmediato restablecimiento del pago” de una pensión contributiva a una persona con discapacidad de Neuquén. Esta decisión judicial se produce luego de que el beneficiario, un hombre de 63 años, dejara de cobrar su pensión como consecuencia de la auditoría que la ANDIS lleva a cabo a nivel nacional.
El hombre, que nunca recibió la notificación de que debía presentar su documentación, se presentó en el juzgado con la Defensa Pública para hacer su reclamo. Al ir a la Anses, supo que el cobro figuraba como depositado, pero no podía acceder a él, ni tenía fechas de futuros pagos. Pese a adjuntar la historia clínica y el formulario requerido, no obtuvo certeza sobre la reversión de su situación.
Según el Defensor Público Federal, Pablo Matkovic, a nivel país casi un millón de pensiones están siendo auditadas, y ocho de cada diez beneficiarios fueron citados en un año y medio. En Neuquén, se ha iniciado el primer reclamo judicial por 30 casos individuales, de un centenar que la Defensoría tiene relevados.
La problemática de las notificaciones y los casos en Neuquén
La Defensoría Federal de Neuquén recibió 60 casos para tratamiento y lleva adelante entrevistas a otras personas que también recibieron la baja. Gabriela Arruiz, defensora coadyudante, explicó que las situaciones varían: algunas personas recibieron la notificación para presentar documentación, otras simplemente dejaron de cobrar y algunas se enteraron de la baja a través de una carta documento.
Las notificaciones por carta documento no son de fácil lectura y comprensión, ni siquiera para profesionales del derecho. Según datos de las Defensorías Federales del país, el 45% de las notificaciones legales se enviaron a domicilios inexistentes, por lo que no pudieron ser recibidas. Solo el 27% de los beneficiarios que sí las recibieron pudieron entender lo que se les pedía y completar la documentación.
Impacto y la búsqueda de soluciones legales
Los beneficiarios que se acercan a la Defensoría están “desesperados”, ya que la pensión no solo representa un ingreso de unos 300.000 pesos, sino que también les permite acceder al programa “incluir salud”, que brinda cobertura de medicamentos y atención específica para sus tratamientos.
Florencia Peñaver, secretaria de la Defensoría, junto a su equipo, analizan elaborar más presentaciones para llevar al juzgado por nuevos amparos.
Hasta el momento, hay pocos registros de restitución de pensiones caídas o dadas de baja por la auditoría, con casos similares reportados en Mendoza y en la localidad de Mercedes. La orden de la jueza Pandolfi en Neuquén marca un precedente importante para los afectados en la provincia.
Fuente: rionegro.com.ar
