Clínicas y sanatorios de cuatro provincias de la Patagonia suspenderán desde el 24 de agosto todas las prestaciones para afiliados de Pami, en una medida que marcará un nuevo punto de tensión entre los prestadores y el organismo. Las instituciones aseguran que los valores de las prestaciones quedaron por debajo de la evolución de los costos y que la situación afecta la continuidad de distintos servicios.
Los establecimientos involucrados atienden a cerca de 300 mil jubilados de la región y, según los prestadores, Pami representa entre el 25% y el 55% de su actividad. Desde junio, algunas instituciones ya aplican restricciones en las guardias, la recepción de derivaciones y la programación de determinadas cirugías.
La suspensión total prevista para agosto marcará un cambio respecto de las medidas adoptadas hasta ahora. Según los prestadores, será la primera vez que las instituciones interrumpan de manera completa la atención a los afiliados del organismo.
El reclamo por los valores de las prestaciones
El conflicto se centra en la actualización de los aranceles que Pami abona a las instituciones. Mientras la inflación acumulada durante 2026 alcanza el 19,3%, los prestadores señalan que el Gobierno acordó un incremento del 6%, que recién se hará efectivo en octubre.
A esa actualización se sumó un supuesto adicional del 1,9% que, según los prestadores, Mario Lugones habría gestionado para destrabar la situación. Sin embargo, las instituciones aseguran que hasta el momento no recibieron novedades concretas sobre ese porcentaje.
La diferencia entre los valores abonados y los costos también alcanza a determinados módulos de atención, que según los responsables de las clínicas ni siquiera permiten cubrir los insumos utilizados durante una prestación. Esta situación afecta especialmente a procedimientos que requieren materiales y distintos profesionales.
Uno de los responsables de un sanatorio explicó que existen prácticas en las que el costo de los materiales descartables supera el monto que reconoce Pami: “Hay procedimientos, como algunos de urología, donde solo el material descartable cuesta más que lo que paga Pami; además hay que cubrir honorarios médicos, enfermería, quirófano, alimentación y cama”, señaló.
Prestadores advierten por el impacto en los afiliados
Los responsables de las instituciones cuestionaron el esquema actual de financiamiento y señalaron que los establecimientos no pueden trasladar el costo de las prestaciones a los afiliados. “Al Gobierno no le importa esta situación; pretende que las prestaciones las pague la gente, pero la ley no permite hacerlo y tampoco ofrece una solución”, sostuvo uno de los prestadores.
El conflicto también repercute en la disponibilidad de profesionales. “Algunos profesionales dejaron de atender, por lo que los afiliados solo pueden recurrir a las urgencias”, afirmó el responsable de un sanatorio, quien calificó el escenario como una situación “muy perversa”.
De esta manera, las instituciones patagónicas avanzan hacia la suspensión total anunciada para el 24 de agosto, mientras reclaman una actualización de los valores que permita afrontar los costos de las prestaciones. La medida pone nuevamente en discusión el vínculo entre el organismo y los establecimientos que concentran una parte importante de la atención de sus afiliados.
