Mientras las universidades nacionales continúan a la espera del cumplimiento de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema, un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estimó que el presupuesto destinado a educación registró una caída real del 47,7% durante el bienio 2024-2025.
El relevamiento, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas, señaló que en 2024 la función Educación y Cultura se redujo un 43,2% en términos reales respecto del año anterior y disminuyó su participación en el PBI en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales.
En este sentido, atribuyó gran parte de la caída a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios docentes en las provincias. Como consecuencia, las provincias debieron asumir una mayor carga financiera. Asimismo, el informe remarcó que esta situación reforzó el carácter descentralizado del sistema educativo argentino.
El impacto del ajuste de Nación en las aulas
Durante 2025, la tendencia continuó con un retroceso real del 7,9%. “El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades y provincias y a programas de apoyo a estudiantes”, destacó el IIEP.
Según las proyecciones para 2026, si no se amplían las partidas presupuestarias vigentes, el gasto educativo volvería a caer un 12,7% en términos reales. De concretarse ese escenario, el presupuesto acumularía tres años consecutivos de retrocesos y alcanzaría los niveles más bajos de participación en el PBI y en el gasto total de la Administración Pública Nacional desde el inicio de la serie.
El informe también detalló que las transferencias destinadas al financiamiento universitario, mediante el programa Desarrollo de la Educación Superior, descendieron un 5,4% interanual en 2025. Además, las becas estudiantiles retrocedieron un 42,5%, mientras que el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó un 49,5%.
El recorte alcanzó áreas clave del sistema
En otro tramo del informe, el IIEP analizó los distintos modelos de financiamiento educativo. Explicó que históricamente predominó un esquema orientado a financiar la oferta, con recursos destinados a provincias e instituciones para sostener infraestructura, salarios docentes y el funcionamiento del sistema.
En contraste, indicó que el financiamiento por demanda propone transferir recursos directamente a familias o estudiantes para que elijan entre distintos proveedores educativos. Además, advirtió que este modelo requiere evaluar sus efectos sobre la equidad, la cohesión social y la distribución territorial. “En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes”, explicó el informe.
El estudio también abordó la discusión impulsada por el Gobierno sobre la implementación de vouchers, becas o transferencias directas. Según el IIEP, esas propuestas “plantean interrogantes respecto de sus posibles efectos sobre la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo”.
El informe advierte sobre la desigualdad educativa
Asimismo, analizó el proyecto de Libertad Educativa, que propone transferencias a instituciones privadas. Según el estudio, la legislación vigente contempla el financiamiento en el marco de la supervisión y determinadas subvenciones, aunque sin establecer un mandato de regularidad.
“Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad”, señaló el IIEP.
Por último, el reporte afirmó que el alcance de estas políticas sigue siendo limitado porque la mayor parte de la matrícula permanece en las escuelas públicas, con excepción de CABA. “Podemos decir que estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria”, concluyó el IIEP.
