La desaparición de una adolescente de 13 años derivó en una causa por grooming y explotación que ya tiene 11 detenidos en Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba. Entre los acusados hay un hombre que figuraba como asesor de un legislador provincial oficialista.
El Ministerio Público Fiscal confirmó que dos de las víctimas tenían colocado un implante anticonceptivo desde hace al menos dos años, cuando tenían alrededor de 11. El dato surgió durante los exámenes médicos y psicológicos realizados en el Polo de la Mujer.
La fiscal Analía Cepede, a cargo de la investigación, determinó que los sospechosos contactaban a las adolescentes por redes sociales, les pedían imágenes sin ropa y, en algunos casos, concretaban encuentros presenciales. La adolescente cuya desaparición denunció su familia fue localizada con vida. En su teléfono encontraron conversaciones, fotos y contactos sexuales con distintos hombres adultos.
Tres menores fueron incorporadas como víctimas, pero no descartan que se sumen más, lo mismo que respecto de los acusados. A fines de julio se concretaron siete detenciones; el último fin de semana, otras dos; y en las últimas horas, dos más, hasta llegar a 11 detenidos. Todas ocurrieron en Villa de María del Río Seco.
Un entramado complejo
Los números de teléfono de las adolescentes circulaban entre hombres que se conocían o compartían ámbitos cotidianos. Por ahora, los investigadores no hallaron una red criminal organizada, aunque esa hipótesis sigue bajo análisis.
La vulnerabilidad social de las adolescentes y sus familias es un factor clave. Los investigadores confirmaron pagos por fotografías de desnudos, con entregas de hasta $80 mil. Parte del dinero habría sido usado para comprar comida, lo que evidencia la situación socioeconómica de las víctimas.
Entre los 11 detenidos se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores, acusado de abuso sexual con acceso carnal. Flores aseguró que ya había pedido su desvinculación y que cumplía tareas domésticas, aunque en la nómina oficial aparecía como asesor.
La Justicia también investiga la responsabilidad del sistema de salud y de los hospitales locales por la colocación del implante anticonceptivo a menores de edad.
