El Gobierno nacional oficializó una reforma laboral que introduce cambios significativos para las estaciones de servicio y toda la cadena de comercialización de combustibles. Con la promulgación de la Ley 27.802, el expendio de naftas y gasoil pasó a ser considerado un servicio esencial.
Esta nueva categoría implica que, ante paros o conflictos gremiales, las estaciones deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% de su actividad habitual. La exigencia es más alta que la aplicada a otras actividades consideradas de “importancia trascendental”, donde el piso operativo es del 50%.
La medida busca asegurar el abastecimiento energético en todo el país, un factor clave para el funcionamiento del transporte, el agro y la industria. Desde el Gobierno sostienen que una interrupción prolongada en el suministro de combustibles genera un impacto inmediato en el resto de la economía.
La reforma también introduce nuevas reglas para la dinámica sindical dentro del sector. Las asambleas deberán organizarse de modo que no afecten el normal desarrollo de la actividad y deberán acordarse previamente con el empleador en cuanto a horario y duración.
Además, la normativa establece sanciones más severas frente a bloqueos o tomas de establecimientos, que pasan a considerarse infracciones “muy graves”. Estas prácticas habían sido frecuentes en algunos conflictos gremiales vinculados a negociaciones salariales.
Otro de los cambios relevantes es la posibilidad de reemplazar el esquema tradicional de indemnización por un fondo de cese laboral, similar al utilizado en la industria de la construcción. Esta opción podrá ser definida mediante convenios colectivos de trabajo.
Para sostener ese sistema se creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes obligatorios de las empresas que variarán según su tamaño. El objetivo es dotar de mayor previsibilidad a los costos laborales y facilitar eventuales desvinculaciones.
La ley también habilita el uso formal de bancos de horas para compensar horas extra con descansos posteriores y establece reglas más flexibles para la organización de vacaciones. En conjunto, el paquete de medidas apunta a garantizar el suministro de combustibles y, al mismo tiempo, redefinir el funcionamiento laboral de un sector considerado estratégico para la economía argentina.
