La Justicia de San Luis resolvió dejar sin efecto las fianzas y prisiones preventivas impuestas a los seis imputados en la causa que investiga una errónea transferencia de más de 510 millones de pesos realizada por el Gobierno provincial. A pesar de esta resolución, la investigación judicial sigue su curso y el procesamiento de los acusados continúa vigente.
El hecho ocurrió a comienzos de mayo de este año, cuando Verónica Acosta recibió en su cuenta de Mercado Pago la suma de $510.236.811, depositada por error desde las arcas del Gobierno de San Luis. Con ese dinero, Acosta habría realizado compras personales y efectuado transferencias a familiares, quienes también fueron alcanzados por la causa judicial.
En la audiencia, los seis acusados —entre ellos Acosta y sus familiares— fueron imputados por defraudaciones especializadas mediante el uso de tarjeta de débito continuado, fraude a la administración pública y retención indebida. Además, se había fijado una fianza total de $30 millones, equivalente a $5 millones por persona, y se había determinado el cumplimiento de prisión preventiva.
Sin embargo, según confirmó el abogado de Acosta, Hernán Echeverría, la Justicia decidió dejar sin efecto tanto la fianza como las prisiones preventivas. No obstante, el procesamiento de los imputados se mantiene firme mientras avanza la investigación.
El letrado sostuvo que el caso se originó por una “operación bancaria, aparentemente errónea o automatizada, sin participación activa dolosa de los imputados”, lo que podría reconfigurar el enfoque de la causa en las próximas instancias judiciales.
