El Sistema Vial Integrado (SisVial) fue creado para canalizar recursos hacia la infraestructura vial nacional. Su financiamiento surge de una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya distribución está establecida por ley. Sin embargo, durante los últimos tres períodos, la ejecución de esos fondos quedó muy por debajo de la recaudación.
Los datos relevados por una investigación periodística muestran una diferencia marcada entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026. En 2024, el SisVial recaudó $360.238 millones, pero ejecutó apenas $40.668 millones. Esto representa el 11,3% de los recursos disponibles.
Durante 2025, en cambio, la ejecución aumentó. El fideicomiso recibió $692.514 millones y aplicó $270.592 millones a obras viales. De esta manera, utilizó el 39% de lo recaudado.
El comportamiento volvió a cambiar en 2026. Entre enero y mayo, ingresaron $450.500 millones y se ejecutaron $83.144 millones. La tasa de ejecución cayó al 18,5%.
En conjunto, entre 2024 y mayo de 2026, el SisVial recaudó $1.503.252 millones. De ese total, apenas $394.406 millones llegaron efectivamente a obras viales. Así, la subejecución alcanzó el 73,8%.
Del financiamiento vial a las colocaciones financieras
La diferencia entre los recursos recaudados y los fondos ejecutados permaneció en colocaciones financieras bajo la órbita de la Secretaría de Finanzas. El dinero se mantuvo en el Banco Nación y, con el paso del tiempo, la cartera modificó su composición.
Hasta mediados de 2025, los plazos fijos concentraban casi toda la cartera del SisVial. El primer antecedente de inversión en títulos públicos apareció al 30 de septiembre de 2024, cuando se incorporó una LECAP por $30.000 millones nominales.
La participación de los títulos públicos comenzó a crecer con fuerza durante 2025. En junio representaban el 11,5% de la cartera. Un mes después, ese porcentaje trepó al 61,5%.
La evolución continuó durante el segundo semestre. Entre noviembre y diciembre de 2025 apareció una tenencia de $374.826 millones nominales en LECAP. En enero de 2026, esa posición fue reclasificada como BONCAP y desapareció de la cartera en febrero.
Ese mismo mes ingresó una LECER por $150.704 millones. Se trata de un instrumento ajustado por inflación, que permaneció en la cartera hasta abril y dejó de figurar en el anexo correspondiente a mayo.
Al 31 de mayo de 2026, la cartera total del SisVial superaba el billón de pesos. De ese monto, $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos y otros $146.784 millones en plazos fijos.
El valor nominal de la cartera era de $960.088 millones. La diferencia, cercana a $41.000 millones, correspondía a la valuación de mercado de los títulos.
El contraste también aparece al observar un solo mes. En marzo de 2026, el fideicomiso destinó $1.090 millones a obras viales. En ese mismo período, su cartera de inversiones financieras aumentó en $83.840 millones.
Un esquema creado para financiar infraestructura
El SisVial forma parte del Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT), creado mediante el Decreto 1377/2001. El esquema fiduciario quedó definido por el Decreto 976/2001.
La normativa estableció como objetivo prioritario contribuir al crecimiento de la economía nacional y al bienestar de las provincias. Dentro de esa estructura también funciona el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER).
El financiamiento surge del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La Ley 23.966 establece la distribución de la recaudación y, desde la reforma tributaria de 2017, asigna el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Otro 28,69% corresponde al Sistema Único de Seguridad Social.
Dentro del fideicomiso de transporte se descuenta una reserva de liquidez del 1,5%. Luego, la mitad de los fondos restantes se dirige al SisVial, que constituye la vía de llegada de esos recursos a la Dirección Nacional de Vialidad.
El resto se distribuye entre el transporte automotor y ferroviario, de acuerdo con el esquema establecido por el Decreto 301/2018.
El diseño original buscó evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara destinada a gastos corrientes. Según los antecedentes del esquema, su creación estuvo vinculada a una condición planteada por el Banco Mundial para un préstamo otorgado a la Argentina.
El fideicomiso, además, cuenta con un régimen particular. No está alcanzado por la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional. De todos modos, permanece bajo el control formal de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Los números de los últimos tres períodos muestran así una brecha creciente entre el destino original de los recursos y su utilización efectiva. Mientras el impuesto a los combustibles continuó generando fondos para infraestructura, una parte significativa permaneció en instrumentos financieros, con los títulos públicos ganando protagonismo dentro de la cartera del SisVial.
