El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó este jueves su declaración indagatoria por escrito en Tribunales. Negó haber cometido delito alguno y rechazó que la Asociación del Fútbol Argentino haya incurrido en irregularidades.
Tapia enfrenta una causa por supuesta retención indebida de aportes, calculada en $19 mil millones. En este sentido, pidió medidas de prueba y cuestionó la difusión mediática del caso. El dirigente reclamó al juez en lo penal económico Diego Amarante que se aplique la Ley de Inocencia Fiscal. Además, solicitó ser sobreseído por inexistencia de delito si esa norma no prospera.
El escrito comenzó con críticas a la cobertura mediática. “No lo constaté, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión”, expresó Tapia. En tanto, señaló la “abrumadora difusión pública que ha tenido este caso, difusión que, además, no ha estado exenta de valoraciones anticipadas e infundadas”.
El rol de la AFA en las declaraciones juradas
Tapia coincidió con la defensa del tesorero Pablo Toviggino y pidió aplicar la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal “por resultar más benigna”. En este sentido, sostuvo que la causa debería concluir de inmediato. “Niego de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la AFA”, afirmó en su descargo.
También rechazó “haber tenido intervención, injerencia o decisión personal alguna sobre la materia objeto de cuestionamiento“. Según Tapia, la AFA cumplió con sus declaraciones juradas en tiempo y forma. “La AFA en su carácter de contribuyente no sólo no actuó anti-jurídicamente, sino que exteriorizó en tiempo y forma sus declaraciones juradas, exhibiendo la totalidad de las obligaciones que eventualmente correspondía abonar, sin distorsiones ni ocultamientos”, remarcó.
Cuestionamientos directos al accionar de Arca
Asesorado por su abogado Luis Charro, Tapia sostuvo que la acusación “no puede jurídicamente mantenerse”. Aclaró que su rol como presidente es protocolar y no incluye decisiones tributarias. El dirigente también cuestionó el accionar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), denunciante y querellante en el caso. Lo calificó como “oscuro y contradictorio” y señaló que el organismo omitió información relevante al Tribunal.
Tapia agregó que no existió “perjuicio fiscal material consolidado” porque las obligaciones fueron abonadas y regularizadas con intereses resarcitorios. En este sentido, insistió en que no hubo acción antijurídica. La defensa pidió al juez que requiera a Arca detalles sobre los pagos efectuados y si Tapia figura como autor material de las declaraciones juradas. Amarante deberá resolver en diez días hábiles si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito.
Para el 18 de marzo se espera una audiencia clave en la Cámara en lo Penal Económico. Allí se tratará el planteo de inexistencia de delito presentado por la defensa de los acusados.
