El presupuesto destinado a las rutas nacionales atraviesa su nivel más bajo en al menos treinta años. En 2026, la Dirección Nacional de Vialidad dispone de unos $563.000 millones. La cifra representa una caída real del 79% respecto de 2023 y se da mientras crece el deterioro de la red vial.
Además, el ajuste no se limita al presupuesto general. Los recursos destinados específicamente al mantenimiento de las rutas nacionales pasaron de $828.000 millones, a precios actuales, en 2023 a $248.000 millones previstos para 2026. La reducción ronda el 70%.
El impacto se refleja también en las provincias. Entre 2023 y 2025, el gasto ejecutado por Vialidad Nacional cayó cerca de 85% en Buenos Aires y Chubut. Chaco registró una baja del 83%, Formosa del 77%, Santa Fe del 73% y Córdoba del 72%.
Así, el problema dejó de ser solamente presupuestario. La falta de recursos para conservar las rutas nacionales genera consecuencias directas sobre la circulación y la actividad económica. Además, condiciona el acceso a servicios esenciales y profundiza las diferencias entre las distintas regiones.
Los datos sobre el estado de la red reflejan esa situación. Según información de Vialidad Nacional recopilada por la Federación del Personal de Vialidad Nacional, el 57,5% de los kilómetros relevados se encuentra en estado malo o regular. Del total medido, el 31,8% está calificado como malo y el 25,7% como regular.
La situación, además, empeoró en los últimos años. Los tramos considerados en mal estado pasaron del 23% en 2022-2023 al 31,8% en 2024-2025. En paralelo, los kilómetros considerados en buenas condiciones bajaron del 55% al 42,4%.
El ajuste también alcanza a las obras. De los 179 proyectos que tenían partidas previstas originalmente para 2026, 112 quedaron con un crédito vigente de apenas $1 o directamente en cero. Además, al 31 de julio Vialidad había ejecutado solo el 32,6% de su presupuesto vigente, pese a que ya había transcurrido el 58,3% del año.
En este contexto, las provincias reclaman respuestas por el estado de corredores que cumplen un rol estratégico para sus economías. El caso de La Pampa expone con claridad el impacto territorial: el deterioro de la Ruta Nacional 152 afecta el transporte, los traslados sanitarios, el acceso a la educación y la actividad comercial y turística.
La problemática también alcanza a las zonas vinculadas con la producción. En corredores que soportan un creciente tránsito pesado, el deterioro se acelera y las rutas provinciales terminan absorbiendo la circulación que corresponde a la red nacional.
Por eso, el reclamo excede a una jurisdicción puntual. Las provincias plantean la necesidad de recuperar el mantenimiento y las obras sobre una red que resulta clave para la integración territorial. El deterioro de las rutas nacionales termina impactando sobre la producción, el comercio, el turismo y el acceso a derechos básicos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza hacia un nuevo esquema para la administración de la red. Parte de los corredores nacionales fue concesionada al sector privado y también aparecen negociaciones para transferir rutas a las provincias.
El escenario plantea así una discusión federal de fondo: quién financia, mantiene y garantiza el funcionamiento de las rutas nacionales cuando Nación reduce de manera significativa los recursos destinados a Vialidad. Para las provincias, el impacto de esa decisión ya se siente sobre el territorio.
