Trabajadores yerbateros y productores de distintos puntos de Misiones avanzan con una propuesta de proyecto de Ley de Emergencia para sostener la producción primaria de yerba mate, que ingresará este miércoles 2 de septiembre a la Cámara de Representantes de la provincia. La iniciativa será formalizada durante un encuentro previsto para las 10 con representantes del sector y la diputada del bloque Movimiento por lo que viene, Arabela Soler.
El proyecto busca generar herramientas provinciales para enfrentar la crisis que atraviesa la actividad después de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional. Entre sus principales medidas, plantea que el Ejecutivo misionero pueda establecer un precio mínimo obligatorio para la hoja verde, con el objetivo de sostener la rentabilidad de los productores y evitar que miles de explotaciones familiares queden fuera de la actividad.
La propuesta fue elaborada por el abogado Federico Padolsky, asesor jurídico de los productores, y comenzó a tomar forma pública durante la reunión que representantes del sector mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio de 2026. Según señalaron sus impulsores, el mandatario expresó su apoyo a la propuesta.
El precio de la hoja verde, en el centro del planteo
La intención, según los fundamentos, no consiste en imponer un único precio para toda la cadena. El mecanismo permitiría que compradores y productores negocien valores superiores al mínimo que establezca la Provincia, aunque impediría concretar operaciones por debajo de ese piso.
“No se trata de fijar un precio único ni de impedir la libre negociación por encima del mínimo establecido, sino de asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de explotaciones familiares”, señala el documento.
El planteo aparece en un escenario marcado por el DNU 70/2023, que modificó el funcionamiento de la actividad yerbatera y eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para intervenir en la fijación de los precios de la materia prima.
Una respuesta provincial a la desregulación
Frente a ese nuevo escenario, los autores sostienen que Misiones conserva atribuciones constitucionales para intervenir con herramientas propias en defensa de la producción. En los fundamentos remarcan la capacidad de la provincia para impulsar la actividad económica, promover el desarrollo regional, proteger el trabajo rural y adoptar medidas vinculadas con el interés público.
El proyecto también incorpora mecanismos de fiscalización, regularización de las operaciones comerciales y sanciones administrativas para quienes incumplan las normas que eventualmente se establezcan. Además, fija un destino específico para los recursos obtenidos mediante las multas. El dinero deberá utilizarse exclusivamente para fortalecer los controles y brindar asistencia técnica al sector yerbatero.
La presentación de este miércoles marcará el ingreso formal de la propuesta al Parlamento misionero. El proyecto fue impulsado desde el sector productivo, pero serán los legisladores provinciales quienes formalicen su incorporación a la agenda legislativa, con el acompañamiento de la diputada Arabela Soler.
