La diputada provincial Arabela Soler presentó en la Cámara de Representantes un proyecto para declarar de Interés Provincial el reclamo de los productores yerbateros y expresar un contundente rechazo al Ordenamiento Normativo impulsado por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
La iniciativa de la legisladora del bloque Movimiento por lo que Viene toma como base un informe técnico presentado ante el organismo por cinco entidades del sector: la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario de Misiones.
En dicho documento, elaborado con el asesoramiento del abogado Federico Padolsky y elevado a través del director Roberto Ferreyra, los productores advierten que la propuesta nacional despoja al Inym de su capacidad para generar, verificar y conservar información propia. Esta pérdida de autonomía impacta directamente en la gestión de todos los eslabones de la cadena yerbatera.
Los puntos críticos
El expediente D-71.269/26 advierte que la medida de Nación “promueve un progresivo desmantelamiento y una alarmante delegación de facultades sustanciales en la figura de su Presidente”.
Entre los principales argumentos expuestos en los fundamentos se destacan el vaciamiento institucional. “Bajo el argumento de una simplificación administrativa, el proyecto reduce al Inym a una ‘cáscara vacía’, manteniendo su estructura formal pero quitándole las herramientas materiales para ejercer sus funciones legales”, se expresa.
También se observa un desmantelamiento operativo. El proyecto nacional “dejaría sin efecto regulaciones clave sobre el Registro de Yerbales, plantas, depósitos, viveros, cosecha mecanizada, estándares de calidad de la hoja verde y yerba canchada, e inspecciones del Laboratorio Oficial”.
En esa línea, se alerta sobre la “pérdida de soberanía informativa: aunque la Ley 25.564 exige al INYM elaborar estadísticas y registros propios, la propuesta busca reemplazar esta tarea obligando a utilizar el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) del Senasa. Subordinar los datos a un ente externo resta poder de decisión al Directorio —donde participan productores, trabajadores, cooperativas y secaderos— y traslada el control fuera de la provincia”.
La propuesta de Nación, además, generaría concentración de poder. “El artículo 8 del proyecto otorga facultades extraordinarias al Presidente del Inym para redactar y aprobar unilateralmente convenios y acuerdos operativos (incluido el traspaso a Senas), debiendo informar al Directorio recién tras la firma”.
Otra de los ejes es el “riesgo de litigiosidad”. Los productores advierten sobre una “secuencia sistemática de degradación” que va desde la quita de facultades y registros hasta la pérdida total de la capacidad de decisión. Este proceso de “automutilación institucional” debilita la fiscalización de las asimetrías del mercado y abre la puerta a futuros litigios judiciales sobre la competencia legal del Directorio para desprenderse de sus deberes.
“Para las asociaciones, esta transformación generará un desmantelamiento de las capacidades materiales del INYM y la posible pérdida de soberanía informativa”, concluyó Soler, subrayando que lo que está en juego es la distribución del poder en un sector que constituye el sostén socioeconómico y cultural de miles de familias misioneras.
