La industria vitivinícola argentina atraviesa en la actualidad una de las peores crisis de las últimas décadas. La misma, afecta a productores y bodegas de todo el país, con mayor fuerza en provincias clave como Mendoza y San Juan. Desde el empresariado explicaron que se debe al fuerte aumento de costos, el desplome del consumo interno y la pérdida de competitividad externa. Además, indican que ya se refleja en problemas financieros, cheques rechazados, concursos preventivos y paralización de actividades.
En el plano productivo, los viñateros denuncian una ecuación económica negativa. Los precios de la uva no alcanzan a cubrir los costos básicos. Suben los insumos, la mano de obra, la energía y el transporte. La rentabilidad desaparece. En muchas fincas, trabajar implica perder dinero.
Esa situación generó protestas en rutas de la región cuyana y puso en riesgo la continuidad de explotaciones familiares y medianas. La sobreoferta de uva y la falta de actualización de precios profundizan el problema y arrastran a toda la estructura industrial.
El desplome desmedido de una economía regional
Del lado de las bodegas, el escenario no es mejor. El consumo interno registra niveles históricamente bajos, golpeado por la caída del poder adquisitivo. Al mismo tiempo, las exportaciones pierden dinamismo por el atraso cambiario y la pérdida de competitividad frente a otros países productores. A esto se suma un cambio de hábitos que reduce el consumo de vino en el mercado global.
El resultado es una fuerte caída de despachos y un crecimiento de los stocks, con márgenes cada vez más estrechos. En ese contexto, el acceso al financiamiento se vuelve más restrictivo, los plazos de cobro se estiran y las cadenas de pago comienzan a mostrar fisuras.
Las dificultades ya alcanzan a empresas emblemáticas. Bodegas históricas de Mendoza registran volúmenes millonarios de cheques rechazados y algunas avanzaron en concursos preventivos para reordenar pasivos y sostener su operatoria. En La Pampa, incluso se anunciaron paradas de producción, suspensiones y despidos.
San Juan no es la excepción. El caso de Casa Montes, con más de 280 cheques rechazados por cerca de 470 millones de pesos, expuso el nivel de tensión financiera que atraviesa al sector. Si bien la empresa explicó que el origen fue un embargo derivado de una demora administrativa y que gran parte de los compromisos ya fue regularizada, el episodio se dio en un contexto general de crisis que amplificó sus efectos.
Informes económicos advierten que los stocks de vino se ubican muy por encima de los promedios históricos, mientras que los costos crecieron por encima de los precios de venta. Insumos dolarizados, energía, logística y salarios presionan sobre una rentabilidad que se achica año tras año.
Así, la crisis dejó de ser un problema puntual para transformarse en un fenómeno estructural. Afecta a productores, complica a bodegas chicas y medianas, y pone bajo presión a grandes grupos. La vitivinicultura, una de las economías regionales más emblemáticas del país, atraviesa un momento límite, sin señales claras de recuperación en el corto plazo.
