Yerbateros de la zona de Concepción de la Sierra advirtieron que la decisión del Gobierno Nacional de quitar nuevas facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) profundiza la crisis que atraviesa el sector. El recorte, instrumentado a través de un nuevo DNU, deja a la actividad sin un organismo capaz de ordenar precios y regular la cadena en un contexto de sobrestock y costos que suben mes a mes.
Raúl Barrufaldi, productor de la zona sur, describió el clima que domina hoy la actividad. “Pasamos por un momento delicado, solos, desorientados en lo económico y casi insolventes. Venimos sin un norte”. Aunque no están en plena cosecha, el final del año llega con números en rojo y sin señales de una recuperación que alivie la presión sobre las chacras.
La zafriña, que por ley debería habilitarse el 1º de diciembre, tampoco genera expectativas entre los pequeños y medianos productores. “Todavía no hay ningún rumor en los secaderos de que vayan a habilitar la hoja verde”, explicó Barrufaldi. Con valores que rondan los 285 pesos por kilo y pagos que se postergan hasta 90 días, aseguró que avanzar sería “trabajar en rojo”, tanto para el productor como para los secaderos más pequeños.
Barrufaldi detalló que los costos reales están muy por encima de los valores actuales que paga la industria. “Tendría que ser por lo menos 400 o 410 pesos para empezar a cerrar números”, estimó. Aun así, reconoció que pedir esos montos “es imposible” en el contexto actual, donde las distancias a los secaderos y las diferencias entre zonas profundizan la desigualdad.
Desregulación y ataque a la yerba mate
La lectura coincide con la de otros productores de la zona. Andrés Danekilde afirmó que la desregulación golpea con más fuerza a quienes no son dueños de secaderos y molinos. “La situación del yerbatero hoy es muy mala. La verdad quedó solo el yerbatero. Retrocedimos. El que no es molinero o secadero no tiene chances: el precio que nos están pagando no sirve para nada”, apuntó. Contó además que muchos ya no pueden costear insumos básicos: “No podés comprar gasoil para arreglar los yerbales. Terminó la cosecha y no quedó plata para hacer limpieza ni para pagar a la gente”.
El impacto del DNU que volvió a recortar facultades del INYM también genera preocupación por el manejo del sobrestock. Sin un organismo fuerte que fije precios de referencia, la cadena queda expuesta a decisiones unilaterales y valores que no cubren los costos. “Estamos desprotegidos desde la desregulación del presidente y cada vez más solos. Antes, por lo menos, teníamos un parámetro de costo. Hoy no tenemos una línea oficial”, señaló Barrufaldi.
Daño colateral del ataque al productor yerbatero
A la crisis económica se suma la pérdida de mano de obra. Barrufaldi relató que “el 90% de los tareferos que trabajaban con nosotros se fueron a Brasil”, empujados por la falta de ingresos estables, incluso aunque los salarios del país vecino no sean mucho más altos. En paralelo, el sector observa con preocupación el antecedente del té, donde productores como Christian Klingbeil ya abandonaron parte de sus plantaciones por falta de rentabilidad.
Pese al escenario, un grupo de jóvenes productores —entre 25 y 30 años— mantiene la apuesta a la actividad, confiando en que la hoja verde vuelva a brindar estabilidad en el futuro. “La yerba siempre deja su cuota para la economía de la chacra, aunque hoy no sea rentable”, destacó Barrufaldi.
Para muchos, la diferencia entre esta crisis y las de años anteriores radica en la ausencia de un INYM con poder real para equilibrar los intereses de la cadena. Sin precio oficial, con costos en alza y con un mercado desordenado, la ecuación para el pequeño productor se vuelve cada vez más difícil.
El cierre del año llega con inflación, sobrestock y desregulación, y la única salida inmediata —coinciden— es resistir. “La solución muchas veces está en la chacra: al que no le cierra el número, que no venda hoja verde”, propuso Barrufaldi, consciente de que la mayoría necesita vender para sobrevivir.
