El aumento superó la inflación de noviembre, que fue del 2,5 por ciento, y también la estimada por el mercado para diciembre, ubicada en 2,1 por ciento. La suba es resultado de incrementos tarifarios en todos los servicios y por el mayor consumo eléctrico durante las altas temperaturas.
En este sentido, el gasto en servicios ya equivale a más de la mitad de un salario mínimo y representa el 11,1 por ciento de una remuneración promedio del sector privado registrado. El informe del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-Conicet) indicó que la actualización anual de la canasta fue del 31 por ciento en 2025, mientras que el IPC se espera en 30,4 por ciento.
Por ejemplo, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento del 5,7 por ciento en diciembre. Un hogar necesitó $183.410 para cubrir electricidad, gas, agua y transporte, teniendo en cuenta que son valores más bajos que los que se deben afrontar en otras áreas del país, donde no hay servicios de gas corriente, y a los costos hay que sumarle el transporte de los servicios que los encarecen en gran medida.
El transporte fue el rubro que más presionó sobre la canasta. Explicó 19 de los 31 puntos porcentuales del aumento interanual y alcanzó un gasto mensual promedio de $83.196 en diciembre. Además, acumuló un ascenso del 48 por ciento interanual, por encima del Indice de Precios al Consumidor (IPC).
El impacto de la canasta de servicios públicos en los salarios
La electricidad se destacó entre los servicios que más avanzaron. Aunque las tarifas subieron un 3 por ciento, el consumo estival llevó las facturas a un promedio de $44.808, lo que implicó un incremento mensual del 20,8 por ciento.
El gas mostró subas tarifarias, pero la estacionalidad redujo el consumo y moderó el impacto. Las facturas quedaron en $22.970, con una baja mensual del 4,6 por ciento. Mientras que el agua registró un ajuste del 4,4% y la factura media se ubicó en $32.435.
La canasta de servicios públicos de diciembre representó el 11,1 por ciento del salario promedio registrado, estimado en $1.669.987. Con ese ingreso, un trabajador puede comprar nueve canastas, frente a las 8,6 de diciembre de 2024. Además, el gasto en transporte equivale al 43 por ciento del salario, duplicando el peso de los demás servicios.
El salario mínimo, vital y móvil se fijó en $334.800. De esta manera, la canasta de servicios representó un 55 por ciento de ese haber, lo que refleja la presión sobre los ingresos más bajos.
Reducción de subsidios: nuevo esquema de 2026
El informe también confirmó una fuerte reducción de los subsidios económicos. Las transferencias a energía, agua y transporte cayeron 43 por ciento interanual, con un recorte del 48 por ciento en energía y del 26 por ciento en transporte. Actualmente, los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren el 53 por ciento del costo real de los servicios, mientras que el Estado financia el 47 por ciento restante.
De cara a 2026, se anticipa mayor presión tarifaria. Desde el 1° de enero entrará en vigencia un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados. El sistema eliminará la segmentación por niveles y clasificará a los hogares únicamente como “con” o “sin” subsidio, según ingresos y criterios patrimoniales.
El esquema redefine los umbrales de consumo subsidiados e introduce criterios de estacionalidad. En electricidad se fijará un bloque subsidiado de 300 kWh mensuales en los meses de mayor consumo y de 150 kWh en los meses templados. Por su parte, se mantienen criterios sociales adicionales como hogares inscriptos en el Renabap, pensiones de veteranos y situaciones de discapacidad.
