La reciente aprobación en La Rioja para emitir cuasimoneda por hasta $15 mil millones con el fin de pagar salarios estatales desató un acalorado debate sobre su legitimidad y posibles consecuencias económicas.
En una entrevista, el economista Aldo Abram abordó varios aspectos de esta medida y consideró que es inconstitucional. Según indicó, la emisión de moneda es una facultad delegada por las provincias al Gobierno nacional, y la provincia debería recurrir a la Corte Suprema para evitar cualquier violación constitucional.
La discusión se centra en el impacto de las cuasimonedas en los ciudadanos que las reciben. Abram enfatiza que estas representan una estafa, ya que suelen perder valor con el tiempo, lo que genera inflación y afecta el poder adquisitivo de quienes las aceptan. Además, critica la falta de libertad en la elección de moneda, ya que se impone su aceptación.
El economista advirtió sobre las posibles consecuencias a largo plazo y sostuvo que este tipo de acciones pueden afectar negativamente la percepción de la moneda local y generar más inflación. La controversia en torno a la emisión de una cuasimoneda en La Rioja plantea preguntas cruciales sobre su legalidad y las potenciales ramificaciones económicas en la provincia.
¿Qué es una cuasimoneda?
Las cuasimonedas fueron habituales en Argentina tras la crisis económica, social y política de 2001. Surgieron cuando las provincias necesitaban cumplir con las obligaciones de contratos y pagar a sus empleados estatales, pero tras el recorte del Estado Nacional y la crisis que presentaba la moneda oficial en ese entonces, no tenían la suficiente liquidez para hacerlo.
Desde los lecop a nivel federal, hasta los patacones en la provincia de Buenos Aires, los lecor en Córdoba, los federales en Entre Ríos, los cecacor en Corrientes o los petrom en Mendoza, varias regiones emitieron sus bonos tras la crisis para pagar parte de los salarios de empleados públicos y de las jubilaciones, entre otros gastos, pero también servían para pagar impuestos.
